En el Boletín Oficial de hoy está publicado el DNU 975 (completo acá) por el cual Macri dispone una ampliación neta del presupuesto por 148.000 millones de pesos, para diferentes gastos.
Más del 90 % del mayor gasto se financia con endeudamiento, a través de 133.874 millones de pesos de nueva deuda emitida por la gestión de Macri, tanto en pesos como en dólares.
Razón la cual el DNU dispone que a esas "operaciones de crédito público" (emisión de bonos y letras del Tesoro) no se les aplique el artículo 56 in fine de la Ley 24.156, que prohíbe tomar endeudamiento para financiar gastos corrientes u operativos.
Poco más de la mitad del gasto adicional total se lo llevan los subsidios a los servicios públicos, pero las cifras más impactantes están vinculadas con los tarifazos de gas y luz que aun se discuten en la justicia: 30.380 millones de pesos van a parar a las petroleras a través del ministerio de Aranguren, para pagar el mayor precio del millón de BTU de gas pactado por el gobierno. Ese monto debió haber salido de los bolsillos de los usuarios, de no haber mediado los frenos judiciales al tarifazo.
Otros 37.218 millones de pesos están destinados a CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico; de los cuáles no es desacertado suponer que buena parte también se destinarán a la petroleras: un 30 % de la generación total de electricidad del país (los subsidios se distribuyen entre las generadoras y transportistas y distribuidoras) se produce consumiendo gas, obviamente con los nuevos precios acordados por el gobierno con las petroleras.
También hay transferencias al ministerio de Dietrich para los subsidios al transporte automotor de pasajeros (especialmente por los mayores costos de los combustibles, dados los aumentos autorizados por el gobierno a las petroleras) y al ferroviario: 1119 millones se reparten entre Metrovías (que administra los subtes porteños) y Ferrovías; que gestiona los trenes de la provincia de Buenos Aires (no los ramales del conurbano), y que la gobernadora Vidal consiguió transferir al Estado nacional.
La chequera de Frigerio para disciplinar gobernadores e intendentes también se engorda: sube en 5000 millones de pesos el fondo de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), para distribuir entre provincias y municipalidades.
Pero que no se diga que no hay mayor gasto social: el Tesoro transfiere un refuerzo de 20.740 millones a la ANSES para poder cumplir con los gastos derivados de las leyes de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones (la "pesada herencia" dejada por el kirchnerismo); y el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley recibe 2386 millones adicionales para el programa "Ingreso Social con Trabajo", con el cual se financian las cooperativas de trabajo. ¿Tratan de evitar algún incendio en el conurbano para los últimos meses del año?
La "pensión universal a los adultos mayores" (uno de los caballitos de batalla con los que el gobierno trató de embellecer la ley ómnibus que incluía el blanqueo) se llevará hasta fin de año 680 millones de pesos, lo que supone una inversión anualizada de 2040 millones: comparar estos gastos con la gigantesca transferencia a las petroleras, o con el monto del nuevo endeudamiento contraído.
El DNU eleva en 1715 millones el monto originalmente previsto en el presupuesto para atender el pago de sentencias judiciales y acuerdos administrativos con jubilados y pensionados por retroactivos y diferencia de haberes, incluyendo expresamente a los derivados de la Ley 27.260: ¿acaso el gobierno comienza a admitir que el blanqueo de capitales no será el exitazo prometido, o que no podrá revertir el fallo de la justicia que le impide usar a esos fines los activos del Fondo de Garantía de la ANSES?
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