PRO CURACIÓN

Es posible que haya habido quienes -de buena fe- creyeran que un gobierno de Macri verdaderamente cumpliría con sus promesas de campaña de respetar la división e independencia de lo poderes del Estado, y de reafirmar los valores republicanos.

Si no descubrieron la verdad por ellos mismos tras casi un año de gestión, sería hora de que alguien les de la infausta nueva: Papá Noel son los padres, y los herederos de los elencos civiles de todos y cada uno de los golpes de Estado habidos en el país (además de sus habituales beneficiarios) no serían quienes ostenten los mejores pergaminos en materia de la defensa de las instituciones.

Por si no bastaran el intento de tomar por asalto la Corte Suprema con dos paracaidistas designados por decreto presidencial, la lluvia de DNUS dictados estando el Congreso en receso (cuando era decisión exclusiva del presidente convocar a extraordinarias, si algún tema lo ameritaba por su importancia) para derogar leyes, o el avance sobre la (hasta diciembre) sacrosanta “autonomía” del Banco Central, allí está a la mano para comprobarlo el intento sostenido desde el inicio de remover de su cargo a Alejandra Gils Carbó, sin observar los procedimientos legales previstos para ello.

No conformes con las reiteradas presiones públicas de Macri y su ministro de Justicia para que la procuradora renuncie, el gobierno impulsó una ley modificando el régimen del Ministerio Público, solo en lo tocante a la Procuración, y llevándose puesta la autonomía funcional que consagra para el órgano la Constitución Nacional en su artículo 120.

Un proyecto hecho a la medida de un objetivo (remover a Gils Carbó) de un modo tan burdo y grosero, que hastaPagni en su columna de La Nación de ayer no tuvo más remedio que reconocer que tiene casi el mismo sentido y formato del que la oposición le criticara a Néstor Kirchner cuando quería remover al procurador Sosa en Santa Cruz.

Sin embargo, aquél proyecto no avanzaba tanto sobre las competencias y facultades de la Procuración como lo hace éste; que a partir del pacto tejido (una vez más, y para variar) con Massa, traslada el manejo del organismo de su titular, a una comisión bicameral del Congreso; vulnerando la autonomía funcional que le reconoce la Constitución.

Los detalles del mamarracho han sido debidamente analizados (ver por ejemplo acá a Irina Hauser en Página, e incluso ésta nota de El Cronista), pero es importante resaltar algunas cuestiones que hacen al contexto en el que el engendro avanza en el Congreso; como por ejemplo el hecho de que en el ámbito de la justicia federal sigue rigiendo aun el viejo Código Procesal Penal que pone la investigación de las causas judiciales en cabeza de los jueces, que la pueden delegar en los fiscales pero conservando el control de su sustanciación; de modo que si a lo que se apunta es a agilizar las causas (en especial por hechos de corrupción, más especialmente aun si involucran a funcionarios del gobierno anterior), el problema no está en Gils Carbó.

Mucho menos en Justicia Legítima, porque la mayoría de los fiscales “estrella” del firmamento judicial (Marijuan, Pleé, Moldes, Saénz) pertenecen a la orga consolidada hace décadas en los tribunales, es decir la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Ni que decir que la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal aprobado en el final del gobierno de Cristina (que sí pasaría el control de las causas a los fiscales del Ministerio Público conducidos por la Procuración) fue acordada por Macri con la “oposición responsable” y se aprobó durante éste gobierno, aunque muchos legisladores (como Pichetto) habían votado en el de Cristina ese Código, tanto como la ley del ministerio público que ahora se quiere mutilar.

Lo que revela que el propósito de la maniobra excede claramente a Gils Carbó y es mucho más profundo; como que está vinculado a la construcción de lo que el coloquio de IDEA calificó sin ambages como “un nuevo orden político”; proceso del cual también forma parte la reforma electoral con la aceleradísima impantación del voto electrónico.

Un nuevo orden al que sectores de la oposición (en especial del peronismo) son invitados a participar para convalidarlo; y está por verse si con la procuración sucede lo mismo que con el aterrizaje de Lamberto en la Auditoría General de la Nación, es decir si también se convierte en una bolsa de trabajo para ex menemistas reciclados (¿García Lema?), expertos en “gobernabilidad”. Aunque con el proyecto, la verdadera jefa de los fiscales pasaría a ser Graciela Camaño.

El atajo elegido (ponerle un límite temporal al mandato del Procurador, y aplicárselo retroactivamente a Gils Carbó) es un disparate jurídico al que apelan porque no pueden sostener en público y en el Congreso (no a través de los medios) un debate como el que supone el juicio político que exige la ley vigente para la remoción; y hasta es dudoso que logren los dos tercios de los votos en el Senado que ésta impone.

Más cuando resultaría sencillo demostrar (porque los comunicadores oficialistas lo han repetido hasta el cansancio) que la carga contra Gils Carbó es apena una parte de una ofensiva mayor que ya se cargó a Rozanski (con la inestimable colaboración del servicial Piumatto) y apunta contra Rafecas, Freiler, y todo juez o fiscal “díscolo” a los propósitos políticos del gobierno.

La idea es además que por aquellos de las barbas del vecino, los ejemplos sean aleccionadores para otros (como por ejemplo Delgado, que investiga a Macri por los Panamá paper´s); de modo que en nombre de la lucha contra la corrupción, lo que el gobierno en realidad está haciendo es construir paso a paso su propio seguro de impunidad.

Algo perfectamente comprensible ven un gobierno de CEO’s que -empezando por el mismísimo presidente- está atravesado por los conflictos de intereses, las sociedades off shore, las cuentas extrañas en paraísos fiscales, las fundaciones flojitas de papeles y los contratos del Estado repartidos a parientes y amigos sospechosamente parecidos a testaferros.

Un gobierno que -recordemos- arrancó “remodelando” la Oficina Anticorrupción para poner al frente a una justificadora serial de sus desaguisados, y que sigue generando desde el Estado plataformas de negocios para los amigos (como las licitaciones de las energías no renovables, o el “plan de reconversión industrial”), mientras con la ayuda de los medios amigos nos entretiene con Lázaro y López, y con las causas contra Cristina.

Eso sin contar con que en un futuro político distinto a alguien (¿acaso a la propia Camaño, constituida en virtual cabeza de la Procuración desde el Congreso?) se le ocurriera ir más allá de los hechos específicamente delictivos y juzgar -por ejemplo- los desaguisados de la política económica.

Pensemos en como le iría a Federico Sturzenegger -apenas sobreseído por prescripción de la estafa del Megacanje- si se evaluara el festival de las LEBAC’s y su costo para el Estado como hoy Bonadío juzga los contratos de dólar futuro firmados durante el gobierno de Cristina.

Señalamientos que necesariamente hay que hacer, porque si bien es cierto que hay ciertas disputas (como la de la confiabilidad de la estadísticas públicas) que no hay que perder el tiempo sosteniéndolas con gente que carece de antecedentes morales para abordarlas porque está más sucia que una papa, tampoco deben dejarse pasar este tipo de truchadas, así como así.