PAYASOS BOINA BLANCA

Mensaje de la UCR al Gobierno: pide que la Oficina Anticorrupción investigue a los funcionarios antes de asumir https://t.co/5C0xgjF3TC pic.twitter.com/FNcZgnUCNV

— Clarín (@clarincom) 26 de febrero de 2018

Leemos en Clarín: "El proyecto establece que, previo a asumir, los funcionarios (se aclara que corre para aquellos cuyo acceso a la función pública no haya sido resultado de sufragio) deberán incluir en la declaración jurada "sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir". De esta manera la OA intervendría en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos."

Para estar seguros de que entendimos: la UCR presentará en el Congreso un proyecto para que los funcionarios que no dependen del voto popular (es decir, los que son elegidos a dedo por el presidente, el jefe de gabinete y sus ministros) sean “escaneados” previo a asumir por la Oficina Anticorrupción, para detectar posibles conflictos de interés.

O sea que tras 27 meses de constantes y continuos “conflictos de intereses” (neologismo por “corrupción” o “negociaciones incompatibles con la función pública”) una de las principales fuerzas de la coalición oficialista descubre que hay un problema con eso, y se propone resolverlo; tomando como disparador el caso de Díaz Gilligan y su cuenta oculta en Andorra, porque -por ejemplo- frente al mucho más ostensible y grosero del ministro Caputo optaron por hacerse los boludos, “porque no cuentan con toda la información”.

Tal como también se hicieron los boludos con situaciones similares y mucho más graves de Aranguren, Quintana, Dietrich, Lopetégui y podríamos seguir enumerando todo el día, la lista es muy larga.

O como decidieron deliberadamente hacerse bien los boludos allá por el 2015, cuando en la convención de Gualeguaychú decidieron formar “Cambiemos”, y hacer una alianza con un partido unipersonal, cuyo único accionista es uno de los más conspicuos representantes de la patria contratista; que ha vivido de desangrar la teta del Estado (él y su familia), durante más de 40 años.

La UCR -tras perder una interna que sabían que nunca podrían ganar- llevó como candidato a presidente a Macri; que no conforme con llevar al gobierno a los CEO´s y ejecutivos de las empresas familiares que lo acompañaron en su paso por Boca y por la Jefatura de Gobierno de la CABA, apenas instalado en la Rosada promovió un amplísimo blanqueo de capitales sin (por primera vez) la obligación de traer la plata blanqueada al país, del cual uno de los principales beneficiados fue su propio hermano blanqueando guita negra por más de cinco veces el patrimonio declarado por el propio presidente, que es quien formalmente sigue al frente de las empresas familiares.

Y que después por decreto “amplió” el blanqueo para que pudieran beneficiarse de él otros parientes no incluidos en la ley original, mientras también trataba -con los buenos oficios de un radical, Aguad- de autoperdonarse una deuda con el Estado por 70.000 millones de pesos, por el vaciamiento del Correo Argentino que perpetraron él y su familia.

Se entiende que el proyecto deje afuera del “escaneo” a los funcionarios electos: el primero que no soporta el más mínimo examen al respecto, es el presidente de la república; y en cualquier país medianamente serio estaría preso, o destituido por juicio político.

En ese contexto, la UCR pretende entonces que creamos ahora que les preocupan los conflictos de intereses, y que los van a resolver con un informe previo de la Oficina Anticorrupción (Kirchnerista); cuya titular tiene un cuadro de Macri en el despacho, y a la cual le adaptaron por decreto la reglamentación del organismo para que pudiera ocupar el cargo, porque no reunía los requisitos.

Es notable además como a estas minucias (porque al fin y al cabo hablamos de perejiles, como Díaz Gilligan) se reducen las críticas del radicalismo al gobierno que -al menos en teoría- integran: no se les han escuchado en cambio críticas al plan económico, el endeudamiento atroz del país, el aumento exponencial de su vulnerabilidad ante cualquier crisis internacional, el saqueo a los jubilados, el intento de ponerle cepo a las paritarias, la apertura indiscriminada que está destruyendo industrias y empleos o la búsqueda de la flexibilización laboral.

Por el contrario, todas esas iniciativas han contado con el más entusiasta apoyo de la UCR, que las juzga necesarias “para sacar al país del populismo”.

Ni que hablar de que tampoco han esbozado críticas -a menos como partido- a las groseras violaciones al estado de derecho y las garantías constitucionales a las que se viene asistiendo en el país desde diciembre de 2015, aunque en éste caso se entiende; porque han sido los propios radicales los pioneros en la materia, con la implantación del Estado policial por Gerardo Morales en su feudo jujeño, con la prisión política de Milagro Sala y los demás dirigentes de la Tupac y la manipulación en su contra de la justicia.

No sea cosa que cuando este nefasto experimento derechoso que nos gobierna termina quieran despegarse diciendo que ellos en su momento marcaron los límites que no estaban dispuestos a cruzar; o lavar sus culpas en la gestación del engendro.