"VENDER A PÉRDIDA"

 

No debería ser muy difícil para el gobierno rebatir el argumento de los que se oponen al congelamiento de precios diciendo que los obligaría a producir a pérdida. Bastaría con mirar sus balances (si cotizan en bolsa son públicos), o pedirles que abran sus estructuras de costos.

— La Corriente K (@lacorrientek) October 25, 2021

Apenas Roberto Feletti dictó la Resolución 1050 disponiendo el congelamiento por tres meses de 1432 productos de consumo familiar, comenzaron las quejas de los empresarios con el argumento de que, de sostenerse la medida, los iban a obligar a trabajar a pérdida, vendiendo por debajo de los costos de producción: el titular de la CAC (Cámara Argentina de Comercio) fue particularmente enfático al respecto, al señalar que la medida llevaría incluso a la quiebra de algunas empresas.

Como es habitual -en tanto además son sus sponsors por vía de la pauta publicitaria- ningún medio les pidió que dieran números que demostraran que eso era cierto; siendo además que sus principales costos están estables, o licuados: los salarios siguen planchados y todo indica que volverán a perder contra la inflación por cuarto año consecutivo, las tarifas de los servicios públicos no tendrán aumento en todo el segundo semestre y el tipo de cambio oficial (al cual deben pagar las importaciones de insumos para producir) permanece estable. 

Las principales empresas alimenticias (que lideran los aumentos de precios) además en su gran mayoría exportan, y obtienen ingresos en divisas, contra costos de producción en pesos, lo que lejos de provocarles quebrantos, incrementa sus márgenes de ganancias. Nada de eso cambiará en los próximos tres meses, en los que regiría el congelamiento, pero los tipos ya están diciendo que perderán plata si lo acatan.   

Pero la reticencia de los empresarios a hablar de números cuando son los suyos propios es atávica: hace unos meses atrás decíamos nosotros en esta entrada: "Algún día habrá que discutir la rentabilidad empresaria con datos concretos, es decir los números en la mano, y no con llantos quejumbrosos sobre la excesiva presión impositiva; en lo que por otro lado, la Argentina dista mucho de estar entre los países cuando cobran más impuestos. Con los números en la mano, es más fácil entenderse: por ejemplo logrando que además de los balances, se acceda a información concreta y fidedigna sobre costos, precios de transferencia, rentabilidades de los tramos de las cadenas de valor que se trasladan en cascada a sus eslabones.

O sea todo aquello que se oculta y no se quiere mostrar, ni para discutir en paritarias -cuando lloran para dar menos aumentos de salarios-, ni para pedir créditos o subsidios del Estado, acceder al REPRO o en el marco de los procedimientos preventivos de crisis, aunque sea obligatorio. Si se le pregunta al empresario argentino promedio, siempre gana poco o está perdiendo, pero nunca muestra los números. De hecho, cada vez que se intenta reglamentar el artículo 14 Bis de la Constitución en la parte de los derechos de los trabajadores a la "...participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección..." se oponen más por el hecho de no dar acceso a la información de las empresas, que por tener que compartir parte de sus ganancias. 

Por eso cuando se les piden datos para -por ejemplo- determinar donde se originan los aumentos de precios, o analizar las estructuras de costos y conocer si los márgenes de rentabilidad son razonables o excesivos, empiezan con las analogías tremendistas, y no los quieren entregar. Excusas nunca faltan: que la inflación es un problema monetario derivado de la emisión para financiar el excesivo gasto público, que esos datos no sirven para nada sin "un plan económico creíble"; que siempre exige rebaja de impuestos, reducción del gasto público y "estímulos a la inversión": o sea permitir aumentar precios sin mayores controles.".

Del mismo modo que siempre amagan con ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento 20680 y nunca lo concretan, siempre agitan el fantasma de que los obligarán a perder plata, pero nunca oficializan -ni siquiera ante una justicia adicta- planteos en ese sentido, por una razón muy sencilla: dada la regla procesal "actor incumbis probatio" ( el que alega un hecho en su defensa debe probarlo), se verían obligados a demostrar con números concretos que, respetando los precios fijados por el Estado, pierden plata. Y para eso deberían mostrar sus costos reales, y márgenes de comercialización. 

Pero además y a modo de conclusión, el Estado puede obtener esos números a través de la Ley 26992, aprobada durante el segundo mandato de Cristina en 2014, justo cuando se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley de Abastecimiento, y se estableció por la Ley 26993 el sistema de resolución de conflictos para relaciones de consumo.

La Ley 26992 crea el "Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios", el que de acuerdo a su artículo 3° "...podrá recomendar a la autoridad de aplicación (La Secretaría de Comercio, aclaramos) el requerimiento de: a) Toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico. En este caso, toda aquella información relativa a la estructura de costos, rentabilidad o toda aquella que pueda afectar a la empresa, con relación a sus competidores, tendrá carácter reservado y confidencial, y será de exclusivo uso del Observatorio y/o de la autoridad de aplicación;...". (Las negritas son nuestras) 

Tuits relacionados: 

Ah, mirá vos, se podía. No era que iban vender a pérdida si lo hacían? https://t.co/GuQI4RTVNh

— La Corriente K (@lacorrientek) October 26, 2021

¿Ustedes dicen que el tipo quiere cumplir con la Ley 26992, que el macrismo nunca aplicó?: https://t.co/cH0lwya179

— La Corriente K (@lacorrientek) October 26, 2021