LA FRAZADA CORTA

 

La Ley 10014 (1987) es el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y dispone lo siguiente en su artículo 7 inciso q): "El Poder Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados. En este caso, arbitrará los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes.". Esto supone que cuando el gobierno de la provincia quiere fijar tarifas diferenciales (menores a las normales) para determinadas instituciones o actividades (es decir, subsidiarles el costo de la energía) debe compensar a la distribuidora estatal por no percibir el precio pleno de la tarifa que hubiera correspondido por el servicio que les preste a esos beneficiarios.

Precisamente eso es lo que está haciendo Pullaro mediante el Decreto 2228 firmado el pasado martes, por el cual compensa a la EPE en algo más de 763 millones de pesos, por las tarifas diferenciales (menores) que la empresa les cobró a las empresas recuperadas que son manejadas por sus trabajadores organizados en Cooperativa de Trabajo. Y lo hizo -como surge del decreto- en cumplimiento de lo dispuesto para ese grupo de usuarios en particular por el Decreto 3758/19.

Anotación marginal (o no tanto): ese decreto fue firmado por Miguel Lifschitz cuando le faltaban solo 16 días para concluir su mandato como gobernador de la provincia y ya estaba electo Perotti para sucederlo; reglamentando con ese decreto la Ley 13710 de apoyo a las empresas recuperadas por sus trabajadores, sancionada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2017, es decir, dos años antes. Lo que supone que en todo el mandato de Lifschitz las empresas recuperadas administradas por sus trabajadores mediante cooperativas de trabajos pagaron exactamente las mismas tarifas de electricidad que todas las demás empresas, sin ningún benficio.  

El Decreto 3758/19 dispuso que las empresas recuperadas "...serán beneficiadas con una bonificación de 50% sobre el importe básico de la factura correspondiente, en función de la tarifa vigente por cada suministro del cual fueran titular. En el caso que cuyos consumos sean facturados de manera mensual como grandes demandas, serán beneficiadas con una bonificación del 30% sobre el importe básico de la factura correspondiente, en función de la tarifa vigente por cada suministro...". Demás está decir que mayores sean las tarifas (por ejemplo si el gobierno provincial decide que la EPE las aumente e indexe mensualmente el VAD, como hizo Pullaro), mayores deberán ser los subsidios que el Estado (Administración Central) debe transferirle a la distribuidora de energía para compensarla por los beneficios que otorgue.

Claro que esos 763 y algo de millones de pesos que Pullaro le está transfiriendo a la EPE por el Decreto 2228/26 cuya imagen abre el post no le van a cambiar la ecuación económica a la empresa, si los contrastamos con los $ 2.093.000.000.000 (más de dos billones de pesos) que recaudará éste año por tarifas; cifra a la que se llega sumando el monto originalmente estimado en el presupuesto provincial, y los recursos adicionales producto de los sucesivos tarifazos decididos por la gestión de "Unidos", incorporados mediante el Decreto 1893 que analizamos en ésta entrada. De hecho, la compensación equivale a apenas el 0,03 % de los ingresos totales de la empresa, para que las empresas recuperadas paguen entre un 30 y un 50 % menos por una de las tarifas de electricidad más caras del país.   

Pero lo llamativo en éste caso en particular es de donde dispone Pullaro en su decreto sacar la plata para compensar a la EPE por ese beneficio otorgado a las empresas recuperadas, de lo cual podemos enterarnos viendo el anexo del Decreto 2228: 

Traducimos: Pullaro decidió que los 763 y pico de millones de pesos destinados a compensar a la EPE por las tarifas diferenciales fijadas para las empresas recuperadas por sus trabajadores salgan de partidas destinadas a financiar "aportes de capital para fondos de garantías recíprocas para Pymes"; es decir que para vestir un santo desvistió a otro, o el síndrome de la frazada corta. 

Esos aportes de capital son una herramienta de asistencia financiera del Estado a las empresas que tienen dificultades para acceder al crédito, por falta de garantías suficientes exigidas por los bancos: con esos fondos la provincia asume el rol de fiador o garante de los préstamos, para que los préstamos les sean otorgados; ampliamente difundida hace poco por el ministro Olivares al presentar con bombos y platillos el FOGAFE.

Sin embargo, los 763 y pico de millones de pesos mochados a los aportes de capital para fondear garantías recíprocas para las Pymes santafesinas no salieron de los 5000 millones de pesos que el Ministerio de Economía tiene asignados en el presupuesto a esos fines, sino de los 2050 millones de pesos que el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene previstos para "aportes de capital para Fondos de Garantías Recíprocas". Es decir que para compensarle a la EPE menores ingresos por tarifas diferenciales por solo el 0,03 % de sus recursos obtenidos por esa vía, Pullaro decidió sacarle a la cartera de su amigo Puccini el 36,50 % de los recursos con que contaba para facilitarles a las Pymes el acceso al crédito; recursos que por cierto representan solo el 0,25 % del total de su presupuesto. 

Y dado que los fondos estaban destinados a compensar a la EPE por tarifas diferenciales, cabría preguntarse porque no salieron de los $ 39.121.041.000 millones de pesos que el presupuesto provincial contempla específicamente a esos fines en "Obligaciones a Cargo del Tesoro". Una respuesta posible es que, dado el nivel de los tarifazos producidos éste año (que incrementaron en un 17,7 % los ingresos previstos para la distribuidora de energía) esos fondos ya resultaron insuficientes para financiar compensaciones de menores tarifas. Otra es que el gobierno de Pullaro hace lo que se le canta con los recursos públicos, sin importar el destino para el que estaban originariamente previstos en el presupuesto, máxime cuando tiene que tapar agujeros para financiar un déficit que al 30 de junio (último dato disponible públicamente) ascendía a 717.739 millones de pesos.