Es noticia (no en todos los medios, claro) que en medio del desastre que causaron en Comodoro Rivadavia las inundaciones, la cadena de supermercados "La Anónima" ha remarcado salvajemente los precios de los productos esenciales (pan, leche, agua) intentando sacar provecho de la necesidad de la gente; que vive momentos de angustia y desesperación.
La denuncia la hizo el gremio de Camioneros de Chubut, que por esa razón había bloqueado el acceso a los supermercados de la cadena, y el gobernador Das Neves corroboró los hechos.
Las maniobras especulativas de la cadena son una clara violación a las disposiciones de la Ley de Abastecimiento 20.680, cuyo artículo artículo 4° inciso a) pena a quienes "Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;", con sanciones que van desde la multa hasta la clausura de los establecimientos, incluyendo además el decomiso de mercaderías, la inhabilitación para recibir créditos de bancos oficiales o para el ejericicio del comerio, la suspensión de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, o la "Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare", según el artículo 5 modificado en 2014 por la Ley 26.991.
Como por ejemplo acceder a la cuota Hilton para exportar cortes de carne prémium a la Unión Europea, que el gobierno nacional les acaba de otorgar a los mismos propietarios de La Anónima, a través de sus frigoríficos.
De acuerdo con la misma ley y con la reforma del 2014, las sanciones "podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso"; y para fijarlas (de acuerdo al artículo 7) se tendrán en cuenta: "a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro; b) La posición en el mercado del infractor; c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción; d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal; e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.". (las negritas son nuestras)
La autoridad de aplicación de la ley (y por ende la responsable de hacerla cumplir, y aplicar las sanciones) es la Secretaría de Comercio, de acuerdo con el Decreto 203, del 11 de febrero del 2015.
Para el caso en que se diga que su titular (Miguel Braun) se encontraría en el caso ante un conflicto de intereses (oh, sorprendente , quien lo hubiera imaginado en éste gobierno) porque su familia es la propietaria de "La Anónima" y él mismo sigue siendo accionista de la empresa, bueno es recordar que el pasado 8 de marzo el propio Braun (siguiendo el método Laura Alonso de resolución de conflictos de intereses) dictó la Resolución 165 (verla acá), por la cual delegó la función de autoridad de aplicación de la ley de abastecimiento, en la Dirección Nacional de Comercio Interior.
Allanado entonces el inconveniente, nada impediría que el gobierno haga cumplir la ley en éste caso, sancionando como corresponde a los supermercados de la familia Braun (a la que también pertenecen el Jefe de Gabinete Marcos Peña y otros 18 funcionarios); por su vergonzosa especulación aprovechando una situación de necesidad creada por una tragedia que ya se ha cobrado vidas.
No debería ser un obstáculo para ello que en su momento el PRO (y los que hoy forman "Cambiemos") no hayan votado la Ley 26.991, porque al fin y al cabo rige, no la derogaron, y se presentan a sí mismos como los custodios y garantes de las instituciones y la república.
A menos que la promesa presidencial de combatir las mafias no sea estrictamente cierta, o no incluya a las que forman parte de su propio gobierno.
1 comentario:
Los Braun.
Marcos Peña Braun y Miguel Braun, accionistas de La Anónima,y herederos de los Braun Menendez.
Así son. Así viven. No conocen otra forma.
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