BASTANTE MÁS QUE UN RECLAMO SALARIAL

El conflicto en las fuerzas de seguridad nacionales (en especial la Gendarmería) parece haber entrado en un punto de no retorno: los autoacuartelados rechazan los anuncios del gobierno, que ofreció pagar los haberes igual el mes que viene, sin considerar los casos de los que cobran por vía de cautelares judiciales, y rechazó el reclamo de $ 7000 de básico (que no es lo mismo que mínimo).

Y aunque acá hemos venido sosteniendo desde el principio que acá está en juego bastante más que un reclamo salarial (protagonizado además por quienes no son trabajadores comunes, sino depositarios de la fuerza pública), vamos a hacer nuestro aporte para romper el cerco informativo en la materia, y aportar elementos de juicio para entender el contexto en el que Cristina dictó el Decreto 1307 que disparó el conflicto; sumando a lo que en su momento en Nestornautas explicamos acá.

Este video lo explica claramente:

 

Y para mayor claridad, de la nota de Horacio Verbistky en Página 12 del domingo extrajimos estos dos cuadros, que demuestran como la mafia de abogados, jueces y liquidadores de sueldos de las propias fuerzas de seguridad -que denunciaron hoy el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía- distorsionaron por completo las escalas salariales de la Gendarmería y la Prefectura, en perjuicio de los efectivos de los niveles inferiores de ambos escalafones:

Aun abstrayéndonos del contexto político de la protesta (algo sumamente difícil, considerando las imprevisibles derivaciones que puede tener), la información dura demuestra que el reclamo está lejos de apuntar a defender a los que menos ganan dentro de las fuerzas de seguridad, y que son los que con más derechos podrían reclamar para sí su condición de trabajadores.

Trabajadores que -como se dijo arriba- no son comunes, ni están sindicalizados, ni pueden abandonar sus funciones a la bartola, porque no se los puede reemplazar: el llamamiento de los voceros de la protesta a levantar el 50 % de los puestos, es una circunstancia que configura un ejemplo claro de extorsión a las autoridades legalmente constituidas, y de la evidente ruptura de la cadena de mandos.

Ya no se trata de que se juntan en el edificio Centinela o en la sede de la Prefectura los que están allí de servicio, o los que están de franco, y la amenaza es una clara muestra de como la protesta se ha desmadrado, pasando de lo puramente reivindicativo, a un hecho político de gravísimas consecuencias.

El gobierno tiene todas las herramientas legales de su lado, y el llamado a abandonar los puestos de servicio configura una falta gravísima que hace merecedores a los que respondan a la medida de la destitución, pero eso no hace menos complejo el panorama; a lo que hay que sumar que la protesta está conducida desde adentro por los que aparecen  como voceros, pero claramente operada desde afuera por otros, que responden a intereses que bien conocemos, y que no tienen nada que ver con la mejora de los sueldos de prefectos y gendarmes..