Hace un tiempo ya -cuando desgranábamos las obra prometidas y no ejecutadas del gobierno de Binner, nos detuvimos en la construcción de los denominados Centros de Justicia Penal, indispensables para llevar adelante la reforma de la justicia santafesina planteada en el de denominado Plan Estratégico aprobado por la Legislatura; durante el último año del mandato de Obeid.
Relatábamos entonces no solo las demoras producidas en las obras (algunas ni siquiera empezadas por el gobierno del Frente Progresista), sino que, aun en aquéllas que se iniciaban, lo que se presentaban como proyectos integrales en realidad no eran tales sino estructuras de hormigón armado, es decir apenas la "cáscara" de los edificios.
Luego recogimos la opinión crítica del Colegio de Abogados de Santa Fe por las demoras del Poder Ejecutivo en llevar adelante el proceso de reforma; centrando sus críticas en la falta de infraestructura edilicia y equipamiento adecuado para poder concretarla.
Ayer el diario El Litoral toma nota del asunto en el caso del Centro de Justicia Penal de Santa Fe; en el marco de esta nota donde abordan otro aspecto pendiente de la reforma: la informatización del Poder Judicial.
En la nota pueden ver en acción el entramado de protección mediática que Binner supo tejer como parte del negocio de las boletas electorales: la crónica cuenta que la provincia perdió hace más de tres meses (y trasciende recién ahora) financiamiento del Banco Mundial obtenido por los gobiernos anteriores, para ejecutar la informatización del Poder Judicial; y pese a ese ostensible fracaso de la gestión socialista (atribuible a su propia ineficacia) el título de la nota es "La informatización de la justicia avanza, pero con complicaciones".
No avanza un catzo, Víttori, y las propias cifras oficiales del gobierno provincial lo demuestran.
En el Presupuesto del año 2008 apareció el proyecto, valorizado en $ 17.289.264, de los que $ 4.287.801 se ejecutarían ese mismo año, y el resto los años subsiguientes hasta finalizar la informatización del Poder Judicial en este 2011. Sería financiado con aportes del Tesoro provincial de Rentas Generales, y con un crédito del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).
Es obvio que eso no pasó: en el 2009 el proyecto volvió a aparecer, ahora aumentado en su costo a $ 21.046.273,24, y registrando al 31/12/2008 una ejecución de $ 3.047.273,24 (menos de los previsto en año anterior); aunque con una promesa de acelerarlo: de acuerdo al Presupuesto 2009 ese año se ejecutarían $ 8.513.000 y se concluiría antes de lo previsto, en el 2010.
Para prometer, el socialismo piensa siempre en grande, pero para cumplir, rara vez está a la altura de las circunstancias: en el Presupuesto del año 2010 el precio de la informatización había ascendido a $ 23.817.000, lo ejecutado ascendía a apenas $ 6.038.478 (lo que implica que en el 2009 se ejecutó solo el 35,13 % de lo previsto), y la fecha de finalización del proyecto se volvía a estirar hasta el 2011.
Si leyeron la nota del diario, ya saben el final de la historia: tampoco esa meta reprogramada se pudo cumplir.
En el Presupuesto 2011 el costo del proyecto de informatización del Poder Judicial asciende a $ 37.833.000 (un 118,82 % de aumento en tres años, los contratos más caros del Estado son los que nunca se terminan de ejecutar); y lo ejecutado asciende a $ 11.419.000, lo que implica que en el año 2010 se ejecutó el 76,35 % de lo planteado en el Presupuesto para este proyecto.
Y la fecha de finalización de la informatización del Poder Judicial (clave para implementar la reforma de la justicia) fue diferida ¡para el 2013!, o sea cuando Binner ya no esté en el gobierno.
Claro que esa meta tampoco podrá cumplirse porque -como nos enteramos ahora- la provincia perdió el crédito internacional tramitado para concretar el proyecto, por la desidia e incapacidad del gobierno socialista.
Ya nos imaginamos la respuesta a los abogados cuando vayan a los tribunales a consultar por los expedientes: "se cayó el sistema".
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