Vemos en Redacción Santa Fe la denuncia y el reclamo de la Coordinadora Contra El Abuso Policial de Reconquista por la reiteración de violaciones a los derechos humanos en el norte santafesino (en éste caso concretamente en la localidad de Florencio) cometidos por efectivos policiales, con la complicidad de los jueces del lugar.
El grado de impunidad con que se mueve ésta gente es tal que la nueva denuncia recae sobre los mismos policías de la comisaría de Florencia que fueron denunciados días pasados por el diputado provincial Eduardo Toniolli (FPV, del Movimiento Evita) ante la Defensoría General y la Corte Suprema de Justicia de la provincia: evidentemente se trata de tipos acostumbrados a moverse con impunidad garantizada por la complicidad de sus superiores dentro de la fuerza, y de las autoridades judiciales de la zona.
Como dice la nota, en éste caso las víctimas fueron dos trabajadores rurales empleados en la cosecha del algodón, torturados para hacerse cargo de un delito que no cometieron. En el caso anterior y según las denuncias de Toniolli, los policías acusados aplicaron "submarino seco" a los detenidos y otras prácticas propias de los centros de detención de la dictadura: evidentemente se trata de mano de obra experta en esos menesteres.
Y la cosa no le resultó tampoco gratis al diputado Toniolli, como vemos acá:
Acá más detalles del asunto y el revuelo que generó en la Cámara de Diputados de la provincia, dónde la totalidad de los bloques hicieron llegar su solidaridad a Toniolli por los agravios recibidos (más parecidos a amenazas que a otra cosa) por parte del tal Zalazar, quien anteriormente conducía APROPOL, una especie de gremio policial del que se desprendió luego UTRAPOL.
Desde allí y con la excusa de la defensa gremial de los derechos de los policías, se ha convertido en un cultor y apologista de las políticas de mano dura, y un firme opositor a que se implemente de una buena vez en la provincia la reforma de la institución policial que la Legislatura aprobara en 2006 con la Ley 12.521, para comenzar a democratizar la Policía.
Reforma que -como se ha dicho acá muchas veces- está convertida en letra muerta por la falta de decisión del conjunto del sistema político santafesino (oficialismo y oposición) para llevar adelante lo que ellos mismos votaron.
Y además resulta que Zalazar era (hasta que esto explotara) asesor del diputado Héctor Acuña: es muy difícil que desde el poder político y las instituciones se pueda generar una política de seguridad auténticamente democrática si se acude a pedir consejo a quienes en el fondo no creen en la democracia, aunque como éste personaje se disfracen de dirigentes sindicales o algo parecido. Sería como dormir con el enemigo.
Porque no hay que engañarse con las críticas de APROPOL o ULTRAPOL a las sucesivas cúpulas que han dirigido la Policía de la provincia: en reivindicar las políticas de mano dura -que incluyen violaciones a los derechos humanos como las producidas en Florencia- y en tratar por todos lo medios de impedir que la corporación policial se transparente y se sujete al poder político (garantizando que la policía siga atendida por sus propios dueños), están todos de acuerdo; alló no hay disidencias.
Y en esa claudicación del poder político ante la corporación policial está el germen para que sucesos como los que vienen pasando en el norte santafesino se sigan repitiendo, más cuando cuentan con la complicidad de una justicia que en muchos casos viene de la dictadura, o simpatizaba con ella y se ha reciclado en democracia.
La gravedad de los hechos exige también una respuesta contundente del gobierno provincial, cuyas autoridades no han pasado hasta acá de las declaraciones de circunstancia, y de la Corte Suprema de Justicia de la provincia (ante la cual Toniolli radicó sus denuncias) como cabeza de un Poder Judicial sospechado de complicidad con éstas violaciones a los derechos humanos.
De lo contrario se podría pensar que el norte santafesino es un territorio sin Estado, donde impera la ley del más fuerte, como en los peores tiempos de La Forestal.
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