La nota del Wall Street Journal sobre los juicios por la verdad que levanta La Nación de hoy no es ninguna casualidad; y va en paralelo con la inverosímil columna que hace poco escribiera en la tribuna de doctrina el inefable profesor Romero; nada menos que el 24 de marzo y con casi el mismo título.
El objetivo es muy claro: deslegitimar la política de derechos humanos y el avance de los juicios por la verdad, para ir preparando el terreno para su revisión en un futuro gobierno; que suponen (no sin razón) más a la derecha del kirchnerismo.
Claro que tampoco es casual que la presión por la impunidad (porque a eso apunta todo esto) se redoble cuando el avance de los juicios está llegando -lentamente, pero llega- a los gestores y cómplices civiles del golpe, incluyendo los periodísticos.
Así por ejemplo Vicente Massot tendrá que prestar declaración indagatoria por el asesinato de trabajadores de La Nueva Provincia en Bahía Clanca; y además en el Congreso se acaba de presentar un proyecto de diputados del FPV para crear una comisión bicameral que investigue las complicidades y participación estrecha de los principales grupos económicos del país con la represión ilegal durante la última dictadura; recogiendo una propuesta que hicieran Horacio Verbitsky y los demás autores de "Cuentas Pendientes", el libro colectivo que investiga ese aspecto del denominado "Proceso".
El diario fundado por Mitre calza en ambos sayos: el de la complicidad mediática, y el de los grupos económicos favorecidos por la dictadura con beneficios concretos (por caso Papel Prensa), a cambio de sostenerla y apoyarla, como que era "su" gobierno; el que ellos pidieron.
La mecánica de construcción del artículo del WSJ es previsible: abreva en información de la "Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia", uno de los sellos de goma del pandismo local; nostálgicos y apologistas del terrorismo de Estado que señalan presuntas violaciones a los derechos y garantías procesales de los represores: las ironías de la vida.
Desde La Nación y otras usinas del pensamiento de derecha se aporta información para que un medio de los "países serios" la levante, y luego se replica el artículo (en rigor, generado acá) para validar su postura política pro impunidad de los genocidas, con la presunta autoridad extranjera; en éste caso del Wall Street Journal.
Sin embargo en éste caso no debiera ser el gobierno el que responda a las falsedades del artículo, sino la justicia; porque en definitiva es su propio accionar en los juicios por la verdad el que el artículo pone en tela de juicio.
Cualquiera que abra a diario el CIJ (portal de noticias del Poder Judicial) verá que la información sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país ocupa un lugar preponderante: ver acá por ejemplo.
Y no hay oportunidad pública (sea la apertura del año judicial, las conferencias de jueces, los congresos y seminarios varios a los que le gusta asistir) en que el presidente de la Corte Lorenzetti no haga referencia a los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, como una política de Estado que debe preservarse.
Si lo hace por una auténtica convicción personal al respecto, o para legitimar a la Corte y legitimarse ante otras agachadas menos explicables (por ejemplo fallos discutibles vinculados a los intereses del poder económico), es algo que está todavía por verse.
Acá tiene una buena oportunidad para demostrar cuanto hay de una cosa y cuanto de la otra, saliendo a cruzar al Wall Street Journal; dado que el artículo sostiene que la supuesta política de venganza de Cristina contra los pobres represores contaría con la plena complicidad de la justicia argentina.
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