EL PROBLEMA NO ES CON CRISTINA

 

Como sucede cada vez que habla o escribe, Cristina siempre deja mucha tela para cortar, y su defensa en la causa del dólar futuro no fue la excepción. Como sabemos, giró en torno al "lawfare", sus mecanismos, sus objetivos y sus consecuencias: en uno de los pasajes principales, acusó directamente a los jueces de influir en la campaña electoral del 2015 en favor de Macri, y de ser un factor decisivo en  la victoria de "Cambiemos" en las elecciones presidenciales de ese año.

Pero fue más allá, al fondo: señaló a la corporación judicial como una verdadera amenaza para la democracia, y para el conjunto de los ciudadanos, a los que llamó a despertar y advertir que -más tarde o más temprano- van a ir por ellos.

Ello tanto siendo el único poder del Estado que no reconoce su origen en la voluntad popular, se cree por encima de los que sí lo tienen, e incluso de la propia Constitución: los jueces suelen jactarse de que la Constitución y las leyes son lo que ellos dicen que son, más allá de lo que hayan escrito el constituyente, o el legislador.

Un Poder enorme para decidir sobre la vida, los bienes, la libertad y los derechos de los habitantes de un país, que además no admite ningún contrapeso; tan así que a poco que se lo intente -como deslizó el presidente en su discurso del lunes pasando pidiéndole al Congreso que ejerza sus atribuciones de controlar a los jueces-, comenzarán a rasgarse las vestiduras y alertar sobre tentaciones autoritarias y dictaduras inminentes.

Hay un intento bastante burdo de reducir la persecución contra Cristina y ex funcionarios de su gobierno a una cuestión penal-tribunalicia, o peor aun, enmascararla en una cruzada moralizadora contra la corrupción. Sin embargo, una cosa es el discurso "honestista" para pescar en determinados nichos electorales traficando ideología e intereses concretos de contrabando, y otra es prestarse a ser parte de un mecanismo diseñado para perturbar la voluntad electoral cuando votamos, y desconocerla cuando se conocen los resultados, y no nos favorecen.

Porque como bien señaló Cristina, allí radica el corazón del "lawfare": en el uso de uno de los aparatos represivos del Estado como el Poder Judicial para limpiar la cancha de adversarios electorales (como ha pasado en otros países de la región), influir en los resultados de la elección (acá y en todos lados), y una vez conocidos, evitar que los que ganaron puedan aplicar el programa votado, si no es de su agrado. O todo eso en secuencia o junto, según las circunstancias.

Adviértase que Cristina en su discurso no apeló a la responsabilidad de la principal oposición política, de la que ya nada se puede esperar en materia de compromiso democrático (que supone entre otras, cosas, aceptar los resultados electorales, sobre todo si no son favorables), sino de los ciudadanos comunes; incluso los que no votaron a éste gobierno.

Las reacciones de jueces, medios, periodistas y opositores a sus palabras descalificándola e incluso negándole entidad democrática hablan bastante de ellos, y de su pobre y distorsionada idea de la democracia: el jueves estuvo allí, sola pero acompañada por un pueblo, plantada frente al poder real (del que los jueces son instrumentos) alguien que fue votada por una amplia mayoría de los argentinos no una, ni dos, sino tres veces en elecciones presidenciales, en el corto período de doce años.

Algo dijimos los millones de argentinos que así nos pronunciamos sobre sus kilates como dirigente política y mujer de Estado, pero pretenden ignorarlo retrotrayendo un debate saldado (el del balance de la experiencia kirchnerista primero, y del macrismo después) como debe ser: por los ciudadanos, en las urnas, en forma libre y democrática.

Y algo mucho más oscuro y ominoso es lo que nos están diciendo ellos, cuando menosprecian a Cristina, que es una forma de menospreciar a los que la votamos, y en definitivas a la democracia: sobre nadie se han vertido más diatribas en los últimos años en la Argentina, que sobre quien ha sido votada por más gente, más veces, y manda en los corazones de millones de argentinos, que le profesan una lealtad inconmovible.

El problema, entonces, no lo tienen con Cristina, aunque la hayan elegido a ella como blanco y víctima propiciatoria; insistiendo una y otra vez en borrarla del mapa no superándola políticamente, sino enredándola en bizarras maquinaciones judiciales con el ánimo de desprestigiarla, ensuciarla y -si fuera posible- meterla presa. A eso se reduce todo el programa político (en términos de construcción) de quienes gobernaron el país por encargo de sus verdaderos dueños, hasta diciembre del 2019.

El problema lo tienen con nosotros, y en definitivas con la democracia como sistema, ése que fuera definido en clave peronista en la primera de las "20 verdades" como el sistema "...donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.". Retomar esa idea como norte del gobierno es la mejor forma de contrarrestar la idea de las que nos quieren convencer: que la democracia es un juguete que nos prestan para votar cada dos años como entretenimiento, pero sin la menor esperanza de cambiar algo haciéndolo, porque nuestro destino como país ya está marcado, y lo decidieron ellos.