A LA CARGA

 

En el Boletín Oficial de ayer (completa acá) se publicó la Resolución 211 del Ministerio de Transporte de la Nación, por la cual se decide no prorrogar las concesiones para operar ramales de trenes de carga de Ferro Expreso Pampeano S.A. (conformada por Techint, EACA Empresa Argentina de Cemento Armado de Construcciones, Chase Manhattan Investments Argentina S.A., Sociedad Comercial del Plata S.A. -grupo Soldatti- Iowa Interestate Railroad y Coinfer S.A.), Nuevo Central Argentino S.A. (para la Línea General Mitre con exclusión de sus tramos urbanos),y la Línea General Roca (con exclusión del corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos).

Las concesiones vencen a mediados del año que viene, cuando pasarán a ser operadas definitivamente por Belgrano Cargas y Logísticas S.A., una de las empresas controladas por  Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, creada en mayo del 2015 por la Ley 27132, durante el segundo gobierno de Cristina. Más detalles al respecto, en ésta otra entrada.

Además de controlarla a través de Ferrocarriles Argentinos, el Estado posee el 75 % del capital accionario de Belgrano Cargas y Logísticas S.A., que pasará a operar los ramales de carga que están en manos privadas, y cuyas concesiones no se renovarán a su vencimiento; y con la resolución se da cumplimiento al artículo 3 de la antes citada Ley 27132, que dispuso que "El Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima, aprobados por los decretos 994 del 18 de junio de 1992, 1.144 del 14 de junio de 1991 y 2.681 del 29 de diciembre de 1992, respectivamente; los contratos de concesión de transporte de pasajeros suscritos con Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, aprobados por los decretos 2.608 del 22 de diciembre de 1993 y 430 del 22 de marzo de 1994, así como los contratos de concesión suscritos con las provincias en el marco del decreto 532 del 27 de marzo de 1992 actualmente vigentes." .

La misma ley estableció en su artículo 4 la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros; según la cual cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino, pero pagando por la utilización de la infraestructura. 

Por eso el artículo 11 de la resolución publicada ayer establece que Belgrano Cargas y Logística S.A. deberá invitar a participar a los operadores inscriptos en el registro habilitado al efecto en los procesos correspondientes para operar los servicios ferroviarios que se le asignan, hasta tanto se implemente la modalidad de acceso abierto a la Red Ferroviaria Nacional en los términos de la Ley 27132.

Mientras tanto, le corresponde a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (creada por la Ley 26352, también del segundo gobierno de Cristina) la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes que integran las concesiones referidas en la presente medida, a partir de su fecha de finalización y contemplando el período de transición, incluyendo la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. También puede celebrar con Belgrano Cargas y Logísticas acuerdos para incluir la asignación gratuita del material rodante y la infraestructura necesaria para la operación de los servicios.

Se señala en los considerandos de la norma que "…las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura (velocidad y ramales perdidos), y que esa situación no puede ser corregida, ni siquiera atenuada, en el marco del esquema de concesionamiento integral y de fragmentación de la Red Ferroviaria Nacional en compartimentos estancos”, postulando asimismo que “…la experiencia recogida a través del desempeño de Trenes Argentinos Carga S.A. (la restante operadora de ramales de carga, aclaramos) indicaría que el desarrollo del sistema ferroviario en la Argentina y el incremento de su participación en la matriz modal dependen de una concepción y una administración integral de dicha red, y que el papel de los actores privados debe circunscribirse a la operación de las cargas que consigan, cuestión en la que su colaboración con el sistema resulta útil y saludable, en atención a su experticia en la gestión comercial….".

Tal como pasara en el caso de Aerolíneas Argentinas, el Correo, AYSSA y otras fallidas privatizaciones de los 90', ante su fracaso el Estado retoma participación, y eso es una buena noticia; aun cuando no se trate de una estatización integral, por el modelo diseñado por la Ley 27132. Pero en éste el Estado recupera el papel central en el diseño de la infraestructura, en función de las necesidades del país.

Y tal como pasara hace poco con las privatizaciones energéticas ensayadas durante el macrismo que analizáramos acá, el gobierno parece dispuesto a avanzar en terrenos en los que hasta acá no había mostrado voluntad de hacerlo. ¿Podrá extenderse el envión a otros terrenos, como el de la hidrovía?