En el caso de la disputa contra los fondos buitres (como en cualquier otro) todo el mundo tiene el derecho de criticar el modo en el que el gobierno llevó adelante la negociación, sea por derecha, sea por izquierda.
Lo que no podés es decir cualquier disparate con tal de llevar agua para tu molino; como por ejemplo seguir repitiendo la pavada (analizada acá) de que "la jurisdicción de Nueva York la eligió el gobierno, así que ahora que se joda"; cuando la discusión con Singer et al es sobre bonos que no corresponden a los canjes del 2005 y 2010, que ya tenían esa jurisdicción, y por eso intervino Griesa.
Menos aun si sos trosco o aledaño y proponés no pagar la deuda externa (ni la vieja ni la nueva, ni la de Singer, ni la de los bonistas reestructurados, la de Repsol, el CIADI o el Club de París): si decís que no hay que pagar nadar (posición respetable, como no), no podés ser como el mamarracho de Solano y terminar validando los disparate seniles de Griesa, cuyo efecto práctico es que el gobierno (que quiere pagar menos) se vea obligado a pagar más; tanto a los buitres, como eventualmente al resto de los acreedores por las cláusulas RUFO.
Tampoco podés (como Binner por ejemplo) decir que se llega a este punto porque el gobierno actuó irresponsablemente mandando a negociar a gente inexperta; si antes dijiste (cuando los buitres embargaron la fragata) que había que pagarles cash todo, para levantar el embargo. Si en el camino te enteraste que había algo llamado cláusulas RUFO que de ese modo se disparaba, no lo achaques a errores del gobierno cuando es ignorancia tuya.
Menos que menos podés decir (como Macri) que había que ir al juzgado de Griesa, escuchar lo que el viejo dijera y exactamente eso hacer; para luego instruir a tu banco (el Ciudad) para que formara parte de la cañota de Brito para comprarle la deuda a los buitres.
Y finalmente tampoco podés hablar todo el tiempo de la mala praxis del gobierno en la negociación con los buitres, y terminar proponiendo o avalando cualquier verdura que traiga aparejado el altísmo riesgo de que se gatillen las cláusulas RUFO, a menos que lo que verdaderamente quieras es que se caigan los canjes de la deuda, y el gobierno y el país exploten por los aires.
Menos si te la pasaste batiendo el parche con que el desendeudamiento era cuento, o que el kirchnerismo "les deja más deudas a los futuros gobiernos".
En el último rubro señalado (el de los verduleros que nos colocarían a las puertas de que se activen las cláusulas RUFO) sobresale "Sobrecito" Pagni, en su columna de La Nación de hoy.
En la que leemos: "Los banqueros avanzaron bastante en su negociación con los holdouts. A través de Brito, depositaron US$ 200 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York. Deberían desembolsar esa suma esta semana; 300 millones de dólares más el 18 de septiembre, y otros 100 millones en noviembre. Si no cumplían con el segundo o el tercer pago, perderían los anteriores. En enero, comprarían a los holdouts sus títulos -pactaron, por capital e intereses, US$ 1400 millones sobre los 1660 millones fijados por Griesa- y los canjearían por Bonar 2024 con Sedesa, una sociedad que garantiza depósitos bancarios. Para que Sedesa realizara ese canje habría que ampliar su cometido estatutario por medio de una ley. Cuando se estaba por remover esa valla, con banqueros y holdouts a punto de darse la mano, Kicillof dinamitó el montaje con su conferencia de prensa." (las negritas son nuestras)
Para ilustrar un poco sobre lo que hablamos, transcribimos el artículo 1 de la Ley 24.485, que creó el sistema de seguro de garantía sobre los depósitos bancarios: " Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro Nacional.".
La ley modificó además la Carta Orgánica del Banco Central, y la Ley 21.526 de entidades financieras, en su artículo 15: "Los directorios de las entidades constituídas en forma de sociedad anónima en el país, sus integrantes, los miembros de los consejos de vigilancia y los síndicos, deberán informar sin demora sobre cualquier negociación de acciones u otra circunstancia capaz de producir un cambio en la calificación de las entidades o alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas.
Y finalmente tampoco podés hablar todo el tiempo de la mala praxis del gobierno en la negociación con los buitres, y terminar proponiendo o avalando cualquier verdura que traiga aparejado el altísmo riesgo de que se gatillen las cláusulas RUFO, a menos que lo que verdaderamente quieras es que se caigan los canjes de la deuda, y el gobierno y el país exploten por los aires.
Menos si te la pasaste batiendo el parche con que el desendeudamiento era cuento, o que el kirchnerismo "les deja más deudas a los futuros gobiernos".
En el último rubro señalado (el de los verduleros que nos colocarían a las puertas de que se activen las cláusulas RUFO) sobresale "Sobrecito" Pagni, en su columna de La Nación de hoy.
En la que leemos: "Los banqueros avanzaron bastante en su negociación con los holdouts. A través de Brito, depositaron US$ 200 millones de dólares en el Deutsche Bank de Nueva York. Deberían desembolsar esa suma esta semana; 300 millones de dólares más el 18 de septiembre, y otros 100 millones en noviembre. Si no cumplían con el segundo o el tercer pago, perderían los anteriores. En enero, comprarían a los holdouts sus títulos -pactaron, por capital e intereses, US$ 1400 millones sobre los 1660 millones fijados por Griesa- y los canjearían por Bonar 2024 con Sedesa, una sociedad que garantiza depósitos bancarios. Para que Sedesa realizara ese canje habría que ampliar su cometido estatutario por medio de una ley. Cuando se estaba por remover esa valla, con banqueros y holdouts a punto de darse la mano, Kicillof dinamitó el montaje con su conferencia de prensa." (las negritas son nuestras)
Para ilustrar un poco sobre lo que hablamos, transcribimos el artículo 1 de la Ley 24.485, que creó el sistema de seguro de garantía sobre los depósitos bancarios: " Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro Nacional.".
La ley modificó además la Carta Orgánica del Banco Central, y la Ley 21.526 de entidades financieras, en su artículo 15: "Los directorios de las entidades constituídas en forma de sociedad anónima en el país, sus integrantes, los miembros de los consejos de vigilancia y los síndicos, deberán informar sin demora sobre cualquier negociación de acciones u otra circunstancia capaz de producir un cambio en la calificación de las entidades o alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas.
El Banco Central considerará la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones, encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieren producido cambios fundamentales en las condiciones básicas que se hayan tenido en cuenta para acordarlas." (las negritas siempre son nuestras)
Por esa razón (como veíamos en La Nación de ayer) los bancos de ADEBA cursaron una nota a Fábrega pidiendo las autorizaciones necesarias al Central para poder seguir adelante con la "operación Brito" con los fondos buitres.
Lo que no explica Pagni (que achaca el fracaso del negocio al "capricho ideológico" de Kicillof) es quien iba a garantizar que se aprobara en el Congreso el cambio de objeto social de SEDESA S.A. (la sociedad que administra los seguros de depósitos); para permitirles a los bancos de ADEBA manotear la garantía de los ahorros de los depositantes para emplearla en un negocio de los bancos.
Y cómo -a su vez- con un acto legislativo del Congreso argentino, más actos administrativos del Banco Central (los que aprobaran la operatoria, requisito sin el cual no se podría concretar), que presuponen además un valoración estrictamente política (conforme surge de las normas transcriptas), se podría sostener que el Estado argentino no está haciendo -directa o indirectamente- una oferta "voluntaria" a los buitres (aun para cumplir un fallo judicial); y de ese modo zafar de las cláusulas RUFO, que obligarían a extenderla a los bonistas reestructurados.
Por no mencionar que el 40 % de los fondos depositados en garantía en SEDESA corresponden a bancos públicos (como el Nación, el Ciudad y el Bapro); u otros en los que el mismo Estado tiene participación accionaria a través del FGS que administra la ANSES, como el propio Banco Macro de Brito.
Ya se ha visto hasta donde ha sido capaz de llegar Griesa en su particularísima interpretación del principio "pari passu"; como pata andar corriendo riesgos judiciales con los alcances de las cláusulas RUFO.
Por esa razón (como veíamos en La Nación de ayer) los bancos de ADEBA cursaron una nota a Fábrega pidiendo las autorizaciones necesarias al Central para poder seguir adelante con la "operación Brito" con los fondos buitres.
Lo que no explica Pagni (que achaca el fracaso del negocio al "capricho ideológico" de Kicillof) es quien iba a garantizar que se aprobara en el Congreso el cambio de objeto social de SEDESA S.A. (la sociedad que administra los seguros de depósitos); para permitirles a los bancos de ADEBA manotear la garantía de los ahorros de los depositantes para emplearla en un negocio de los bancos.
Y cómo -a su vez- con un acto legislativo del Congreso argentino, más actos administrativos del Banco Central (los que aprobaran la operatoria, requisito sin el cual no se podría concretar), que presuponen además un valoración estrictamente política (conforme surge de las normas transcriptas), se podría sostener que el Estado argentino no está haciendo -directa o indirectamente- una oferta "voluntaria" a los buitres (aun para cumplir un fallo judicial); y de ese modo zafar de las cláusulas RUFO, que obligarían a extenderla a los bonistas reestructurados.
Por no mencionar que el 40 % de los fondos depositados en garantía en SEDESA corresponden a bancos públicos (como el Nación, el Ciudad y el Bapro); u otros en los que el mismo Estado tiene participación accionaria a través del FGS que administra la ANSES, como el propio Banco Macro de Brito.
Ya se ha visto hasta donde ha sido capaz de llegar Griesa en su particularísima interpretación del principio "pari passu"; como pata andar corriendo riesgos judiciales con los alcances de las cláusulas RUFO.
2 comentarios:
Ya no tiene sentido analizar a estos tipos; escribas y comentaristas saben perfectamente que aquí es blanco o es negro en el camino a tomar. Pura mala fe, mala leche. Pero como es su alimento cotidiano, no lo pueden evitar.
"Capricho ideológico".... Es de no creer ya. El pelado procesado asumido vocero de una estafa, enojado porque la estafa no se llevó a cabo por un "capricho ideológico"(?)... Y lo dice así a la vista de todos en uno de los principales diarios.
Cosas vederes...
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