DE APURO Y ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE, MACRI QUIERE CONVERTIRNOS EN PANAMÁ

Parece ser que a fines de noviembre se termina el mundo, o algo por el estilo. Y para ese momento hay que consumar todas las vergüenzas posibles, por las dudas que la joda se termine y tengan que salir corriendo por la huerta de la Rosada.

Hace un tiempo decíamos acá que el gobierno de Macri avanzaba a paso firme a convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, un verdadero aguantadero de cuanto fondo turbio, especulador o de origen ilícito ande dando vueltas por el mundo, eso sí: dándole todas las facilidades para entrar y salir cuando se les antoje. 

Son tantas las medidas "liberalizadoras" que estos muñecos están sacando y proponiendo que periódicamente hay que reactualizar el inventario, como hicimos en esta otra entrada: traspaso del registro de sociedades de la IGJ a la CABA, eliminación de todo control sobre lavado de dinero en la plata que entra por el blanqueo, ley del "emprendedorismo" para montar una empresa en 24 horas, facilidades para que los fondos de inversión off shore operen en el país.

Y ahora llegaría finalmente al Congreso la tantas veces anunciada reforma de la Ley 26.831 que regula los mercados de capitales, que al parecer es un inmenso caballo de Troya que contiene varios sorpresitas venenosas, tantas que lo confunden al amigo Rabanal.

Porque no recordó que el levantamiento del "cepo" que Cristina había hecho poner por ley para que la ANSES no se desprendiera de sus acciones en empresas privadas ya fue levantado, al derogarse la Ley 27.181 con la ley del blanqueo.

Y lo confunde conque ahora borrarían de un plumazo el artículo 20 de la Ley 26.831, que es el que molesta a las empresas donde el Estado tiene participación minoritaria a través del FGS de la ANSES (como Siderar del Grupo Techint, o el propio Grupo Clarín), porque le permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV) designar veedores o interventores en las empresas, en representación de los accionistas minoritarios, o para garantizar sus derechos cuando son vulnerados por la mayoría.

Pero nos cuenta más en la nota: modificarían el tratamiento impositivo de los fondos comunes de inversión cerrados (una de la pocas rentas financieras gravadas con Ganancias) para que los paguen los que suscriben el fondo y no éstos, pero a su vez los suscriptos podrían perdir el reintegro de lo que paguen si los fondos invierten en infraestructura, por ejemplo las "energías renovables".

Para las cuáles los "empresarios M" (¿o acaso con Macri se terminó el "capitalismo de amigos"?) acercan propuestas, y los inversores extranjeros ya tienen su propio "régimen de participación pública privada" aprobado por DNU, con todos los beneficios que tiene el que se apresta a aprobar el Congreso (la "ley fetiche" de Macri según la llama Ambito).

Como dice la nota el camaleón Massa -que lo mandó en la semana a Lavagna a protestar contra este "modelo inviable"- se apresta a levantar la mano una vez más bancando que en lugar de "gravar la renta financiera" se le elimine un impuesto, a cambio de la promesa de "apurar el tratamiento de Ganancias".

Y la frutilla del postre es la virtual amnistía para delitos económicos (por si fuera poco con el blanqueo) que se aprestaría a sancionar el Congreso en trámite express ("antes de fines de noviembre" dice Rabanal, a menos que también se le chisparan las fechas), derogando la reforma introducida por Cristina al Código Penal a instancias de Sbatella cuando conducía la UIF, y que se sancionó como Ley 26.733 en 2012.

La norma reprime el uso de información privilegiada del mercado para obtener beneficios indebidos, y a "...quien "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas"; o "el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, (que) informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.". 

Y lo mismo quien "por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente" (o) "captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente". (o) a "los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros", o "reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles".

En su momento Alfonso Prat Gay (por entonces diputado por la Coalición Cívica) la votó a favor, y ahora propone derogarla, eso sí: en el mayor sigilo, apurando el trámite en el Congreso y con un proyecto "encriptado y guardado bajo siete llaves". Un canto a la coherencia. 

Ni Dromi se atrevió a tanto en tan poco tiempo. Y acá el amigazo Levy Yeyati dice que quieren construir un camino intermedio entre el menemismo y el kirchnerismo, en fin.