DESTRUYENDO LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

A fines del año 2014, se sancionaba la Ley 26.993, norma que constituía una avance profundo en dirección a garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos de los usuarios y consumidores, derechos consagrados en el art. 42 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor).

Esta normativa -hoy vigente- contempla tres aspectos o ámbitos diferenciados para que el consumidor puede hacer valer sus derechos ante las empresas que violan la ley.

Así se crea el COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), los Auditores en las Relaciones de Consumo y la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, órganos que sintéticamente tienen las siguientes funciones:

El COPREC, con ámbito de actuación nacional y funcionamiento en la órbita de la Secetaría de Comercio y en todas sus delegaciones del país, constituye una instancia de conciliación previa y obligatoria, que permite al consumidor realizar su denuncia, trámite que es gratuito, y contando para ello con patrocinio jurídico también gratuito.

La importancia de su carácter obligatorio, radica en que a partir de la  Ley 26.993  las empresas denunciadas deben concurrir a las audiencias para las que son citadas a consecuencia de las denuncias. De lo contrario, ante la inasistencia injustificada, se dispone la aplicación de una multa equivalente al valor de un 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con ésto se daba una solución práctica a la conducta asumida por muchas empresas (sobre todos las grandes prestadoras de servicios o las cadenas de comercialización nacionales), quienes no concurrían a la instancia administrativa, especulando con el desgaste, con el cansancio del usuario, o con los costos que éste debería afrontar para llevar su reclamo a la Justicia.

Dado que el valor de los reclamos en un importante universo de casos no supera el valor de un salario mínimo ($8.060), ésto incide directamente en la solución de las denuncias, en la medida que en muchos reclamos, resulta más económico para las empresas darle una solución al consumidor que abonar la multa.

Implementado el COPREC a partir del año 2015, el número de denuncias iniciadas por los consumidores a través de éste sistema durante ese año en CABA, fueron más de 50.000 reclamos, quintuplicando las denuncias que se tramitaban anualmente antes de la Ley 26.993, y el porcentaje de resolución favorable para los consumidores representó el 60% de las denuncias, lo que demuestra el acierto del sistema implementado a partir del año 2015.

A partir del asunción del gobierno de Macri, el COPREC se encuentra virtualmente abandonado como sistema de reclamos, y los trámites de denuncias donde existía la posibilidad de sanciones por incumplimientos o falta de concurrencia de las empresas, han sido archivados en su enorme mayoría. También en la temática del consumo, es clara la opción a favor de los intereses empresarios.que asume el actual gobierno

Por otra parte, la Ley creó la figura de los Auditores en las Relaciones de Consumo,autoridad de carácter administrativo quienes tendrían a su cargo la atención de las denuncias efectuadas por consumidores a consecuencia de los daños que les generara el incumplimiento de las empresas.

La  implementación paulatina del sistema creado por Ley 26.993, iniciado a través del funcionamiento del COPREC en el año 2015, continuaría durante el año 2016 con el llamado a concurso para la designación de Auditores, concurso público y ante un Jurado de evaluación integrado por 6 miembros (art. 24).

Ninguna actividad al respecto a llevado a cabo el actual gobierno nacional durante su gestión. Es evidente que no le entusiasma la posibilidad que los consumidores puedan reclamar por la responsabilidad empresaria ante los daños que ocasionan las empresas.

Del mismo modo, es total la inacción del gobierno de Macri en relación a la implementación de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo que consagra la Ley 26.993, un fuero específico para que los consumidores puedan efectuar su reclamo judicial ante un fuero que partiría de una premisa elemental, que es la innegable desigualdad que existe entre un consumidor y una empresa.

Hoy, al iniciar una demanda en sede judicial por una cuestión de consumo (por ejemplo por un producto defectuoso, por el no cumplimiento de la garantía, o por exceso de facturación en un servicio) , ésta demanda debe presentarse ante un Juez Civil, sede civil donde rigen las relaciones entre iguales. Esto es lo más alejado de la realidad, de la desigual relación que se presenta entre la capacidad de un usuario y el poder económico de una empresa de telefonía celular o de una empresa monopólica de TV por cable, por tomar solo algunos supuestos.

Es claro que el Gobierno Nacional en éste como en todos los temas, ha tomado claramente partido por las grandes empresas y no por la gente.

Por eso también, junto al abandono de las figuras creadas por Ley 26.993, el gobierno macrista ha desmantelado la estructura del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios, creado por Ley 26.992 para intervenir a través de la Secretaría de Comercio en el monitoreo y relevamieto de los precios de los productos y servicios comercializados en todo el país.

Como para ello, según la Ley 26.992 se puede requerir toda aquella información relativa a la estructura de costos y rentabilidad de las empresas, el gobierno evidentemente no desea incomodar a los integrantes del propio gobierno, aunque la inflación acumulada del año 2016 supere el 40%, mientras el Ministro de Hacienda declara que se enteró recién a sus más de 50 años que en el país existen empresas formadoras de precios.

Quizás el exitoso equipo económico de Macri, aún no haya reparado en las desigualdades que se presentan en las relaciones de consumo y en el daño que le han producido a la población en menos de un año de gobierno. Aunque Macri, al colocar en el cargo de la Secretaría de Comercio al Sr. Miguel Braun, titular de una gran cadena de supermercados, demostró claramente su intención de profundizar esas desigualdades favoreciendo a los grandes grupos económicos y destruyendo para ello el derecho de los consumidores.