Varias veces hemos contado acá la historia
de Boldt y sus innumerables contratos con el Estado provincial, que se
remontaban a 1984 y atraviesan todos los gobiernos, sin distinción de colores
políticos. En la etiqueta respectiva a la que pueden acceder siguiendo este enlace están todos los posteos publicados sobre el tema, que dan cuenta de los servicios que el grupo prestó y presta a la provincia; desde la impresión de las boletas únicas a las obleas de la revisión técnica vehicular, pasando por alquileres de inmuebles o provisión de radares para la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
De todos esos
contratos, el más importante sin dudas por su volumen es aquel por el cual la empresa presta
el servicio de captura y procesamiento electrónico de los juegos de azar de
administra la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe.
Un contrato que le
permite a Boldt embolsar millones al año, cobrando por sus servicios un
porcentaje de la recaudación de cada uno de esos juegos, y una suma fija por
las consultas que se hace desde el Estado a terminales del sistema.
Desde el año 2013
(última vez que se le adjudicó el servicio, que viene prestando como dijimos
hace 34 años) esa retribución era del 5,35 % más IVA del total de la
recaudación de los juegos de la Caja, y 70 $ por cada consulta a una terminal. Para dimensionar el volumen del negocio diremos que de acuerdo con el
presupuesto de éste año el producido de la recaudación de los juegos estaría en
el orden de los $ 8.787.236.000, sin contar el fondo común que integran todas
las loterías provinciales y el canon por la explotación de los bingos y
casinos autorizados por la provincia (de estos últimos, sobre 3 que existen,
dos son regenteados por Boldt).
Si se suman esos
dos rubros, los ingresos de la Caja de Asistencia Social ascienden a $
9.884.796.000, lo que supone que en la perspectiva más conservadora, Boldt se
llevaría este año por el contrato de lectura de las apuestas $ 568.841.722,46; y en la variante más generosa $
639.892.269,06; además de que en este caso por un lado pagaría un canon como
licenciataria de la explotación por dos de los tres casinos de la provincia, y
por el otro lo recuperaría por la lectura de las apuestas.
El contrato se
vencería el 1º de septiembre del año que viene (es decir, dentro de 16
meses),con opción a prórroga por parte de la provincia por tres años más; pero
al parecer y conforme lo muestra el decreto cuya imagen encabeza el post, el
gobierno de Lifschitz ha decidido acelerar los tiempos, y hace uso ahora de la
opción de prorrogarlo hasta el 2022, o sea cuando hayan transcurrido las tres
cuartas partes del mandato de su sucesor.
Con la curiosidad
de que (conforme consta en el decreto), Boldt hace un “renunciamiento
patriótico” de sus beneficios, disminuyendo el porcentaje de la recaudación de
los juegos con el que se queda como pago por sus servicios.
Y al parecer -según
consta en el decreto- no lo haría a cambio de nada, sino de proveerle a la
provincia mejor tecnología para combatir el juego clandestino (que según dice
el decreto, estaría haciendo mermar los ingresos de la Caja).
La provincia, por
su parte, valora el hecho de que de ese modo se “ahorra” hacer una nueva
licitación (aunque la opción de prórroga estaba prevista en el contrato), que
le demoraría unos 30 meses: dos años y medio para adjudicar una licitación,
para que la termine ganando siempre la misma empresa, que viene prestando
ininterrumpidamente los servicios desde 1984.
Como reza el dicho popular, cuando la limosna es
grande, hasta el santo desconfía.
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