¿Notaron como de un tiempo a ésta parte los grandes medios empezaron a bajarle el tono al juicio que se ventila en los tribunales de Nueva York contra el país por la expropiación de YPF en el 2012?
Salvo el festejo triunfal de la semana pasada, cuando se supo que la Corte Suprema de EEUU (a la que la Argentina llevó el litigio) decidió solicitar la opinión del "solicitor", es decir el delegado del gobierno de Washington ante el tribunal; o sea, el mismo procedimiento que solicitó en su momento el gobierno de Cristina cuando el país lidiaba en el juzgado de Griesa con Paul Singer y los fondos buitres, procedimiento por el cual la Corte busca saber si la causa y su resultado tienen incidencia en la política exterior del país y sus intereses (sí, allá mezclan la política con el derecho, y no se ponen colorados).
Hasta que el "attorney" (el procurador general) del gobierno de Trump conteste el requerimiento, podrían transcurrir algunos meses y se dilataría la decisión de la Corte respecto a si el juicio debe seguir ante el tribunal de Nueva York que era de Griesa y hoy está a cargo de su sucesora la jueza Loretta Preska, o debe radicarse en los tribunales argentinos como pretende el gobierno.
Recordemos que la demanda fue iniciada por el fondo Burford Capital, que "compró" los derechos a accionar contra el país en España, en el proceso concursal abierto en ese país por las empresas del grupo Petersen (Eskenazy); que reclamaban porque cuando en el 2012 se tomó la decisión de expropiar la mayoría del paquete accionario de YPF, el gobierno de Cristina no hizo extensiva la oferta a todos los accionistas como dispone el estatuto de la compañía aprobado en 1993 cuando salió a cotizar en la bolsa de Nueva York, sino solamente al grupo Repsol, por el 51 % del total del capital social que estaba en sus manos.
El planteo es jurídicamente un absurdo porque ningún estatuto social o corporativo puede sobreponerse al orden público nacional, en éste caso a las disposiciones de la Ley 21.499 de expropiaciones; y el derecho soberano de un Estado a expropiar cualquier tipo de bienes por causas de utilidad pública está admitido hasta por los propios tratados bilaterales de inversión que se suelen invocar en estos casos, con tal de que se pague al expropiado la correspondiente indemnización, cosa que además establece la Constitución Nacional en su artículo 17, y sucedió con Repsol: ver más detalles al respecto, acá.
Pero volvamos al principio: decíamos que resulta llamativo como el caso fue "asordinado" por los grandes medios, que lo venían usando para pegarle a Cristina, a Kicillof y al kirchnerismo "por el juicio que le dejó de regalo al gobierno de Macri", como si éste a su vez no le estuviera dejando al gobierno que le suceda un enorme presente de deuda, por hasta 100 años de plazo.
Y la explicación es muy sencilla: tal como da cuenta esta nota, existe la posibilidad de que de seguir la causa en sus manos (si así lo decide la Suprema Corte de EEUU) la jueza Preska habilite un proceso de "discovery", para conocer la nómina completa de los inversores a los que representa el fondo Burford, y que son los que en realidad litigan contra el Estado argentino; y ahí estaría el problema: son crecientes las versiones respecto a que en esa nómina estarían incluidos importantes dirigentes políticos vinculados al oficialismo, y actuales y ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Lo que no sería sorprendente dado que se trata de gente vinculada al mundo de los negocios tanto (o más) que al de la política, y sería además consistente con los antecedentes del PRO en ésta materia: recordemos que cuando se anunció la decisión de recuperar el control estatal sobre YPF Macri se opuso enfáticamente, instruyó a sus diputados y senadores a votar en contra, y peor aun: envió al diputado Obiglio en misión a España para decirles a los del grupo Repsol que estaban en contra de la expropiación, solidarizarse con ellos y asegurarles que el gobierno de Cristina no les pagaría ni un peso de indemnización. Ya en este gobierno, Prat Gay (¿figurará en el listado?) fue a España a pedirles perdón por la expropiación.
Pero supongamos por un momento que alguien dijera que otro alguien tenía acciones de YPF en el 2012 (la empresa cotizaba en bolsa), y no podía saber entonces que iba a ser funcionario del gobierno de Macri a partir del 2015. En ese caso, conviene recordar lo que dice el artículo 25 Ley de Ministerios 22.520 sobre las incompatibilidades de los funcionarios: "Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de funcionario pueda influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional." (las negritas son nuestras)
O sea, dejando de lado lo discutible que es que alguien litigue en el extranjero contra su propio país, esos eventuales accionistas deberían haber vendido sus acciones, o desistir del litigio, apenas supieron que iban a ser funcionarios del Estado argentino contra el cual litigaban; y por supuesto el gobierno que los proponía para ocupar cargos en él, asegurarse de que así lo hicieran. Desde ya que en este temita de los "conflictos de intereses" los antecedentes del macrismo no lo ayudan mucho, incluido por supuesto el propio Macri.
Como sea y más allá de como avance la causa, sería interesante que un año de elecciones los argentinos supiéramos quiénes son los que están detrás del fondo Burford, si hay argentinos, si son o fueron funcionarios, dirigentes políticos o empresarios relevantes y no nos ocurra lo que pasó con los "Panamá paper's" en los que la información que comprometía a uno de los candidatos (hoy presidente) fue cuidadosamente ocultada al público hasta después del balotaje. Que haya "discovery" entonces. Tuit relacionado:
Nos van a dejar 60.000 millones de dólares en vencimientos de deuda sólo para el 2020, y nos están echando en cara 3500 palos todavía en juicio por la expropiación de YPF. Quiéranse un poco— La Corriente K (@lacorrientek) 8 de enero de 2019
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