TRANSPARENCIA Y COSO

 

La Argentina es ese raro país donde los mayores evasores se quejan de la presión impositiva y piden rebajas de impuestos, que tuvo hasta hace poco un presidente que justifica fugar la guita afuera y tener depósitos, cuentas y activos en paraísos fiscales porque acá el Estado los agobiaba con impuestos.

Y por esa razón, los cultores del "respeto a las normas" aprobaron el blanqueo de capitales más amplio y generoso de nuestra historia, sin la condición -por primera vez- de tener que repatriar los fondos que los que blanqueaban tenían en el exterior. Todo eso, mientras en el mundo estallaba el escándalo de los "Panamá paper's" y sus coletazos que implicaba personalmente al propio Macri, y mientras acá nos distraían a todos con el show de las motoniveladoras de Marijuan escarbando media Patagonia en busca de las bóvedas ocultas con la plata que supuestamente se afanó el kirchnerismo.

En el colmo del ridículo, hace poco, cuando la Cámara de Diputados de la nación discutió el llamado impuesto a las grandes fortunas, el presidente del interbloque de "Juntos por el Cambio", Mario Negri, no encontró mejor modo de defender a los 10 0 12 mil tipos más ricos del país que lo tendrían que pagar, que decir que las grandes fortunas no estaban en el país sino en los paraísos fiscales.

La fuga de capitales (técnicamente conocida como "formación de activos externos") quizás sea el rasgo estructural más perdurable de nuestra economía, junto con la restricción externa; y acaso en un punto estén conectadas: buena parte de los dólares que nos faltan para sostener el crecimiento se van por la canaleta de la fuga, en sus diversas formas.

La fuga es el resultado tanto de la dolarización de excedentes "por derecha" como consecuencia de las altas rentabilidades de los sectores más concentrados de la economía, como "por izquierda" por la evasión impositiva, y en una zona gris entre ambas, la elusión, es decir el lobby para seguir gozando de exenciones impositivas o rebajas o diferimientos. 

De allí para arriba y para abajo todo lo que se puedan imaginar: triangulación de operaciones entre empresas de un mismo grupo económico, sobre y sub facturación de importaciones y exportaciones, precios de transferencia. La fuga es lo que verdaderamente se lleva los recursos que deberían ir a la inversión necesaria para sostener el crecimiento, más que cien "impuestos a las grandes fortunas". Y otro tanto para los delitos financieros o vinculados a los mercados de capitales: uso de información privilegiada, por ejemplo. 

Pero al lado de la fuga en sí, está toda la estructura jurídica que proveen los paraísos fiscales para canalizarla, e incluso para utilizar esas sociedades y empresas cáscara para operar en el país sin pagar impuestos. Al respecto, leemos en La Política Online que la diputada Fernanda Vallejos (FDT) presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral para "... el control del estricto cumplimiento de la normativa vigente en la materia en las distintas etapas de prevención, detección, investigación, persecución, proceso y recuperación de activos producto del delito...", en especial de los delitos financieros. También es de su autoría el proyecto aprobado por la Cámara el mes pasado para excluir de todo beneficio fiscal, impositivo o de protección estatal a las empresas que operan con paraísos fiscales, están constituidas en ellos o vinculadas a sociedades que allí funcionan. 

Según la iniciativa, la comisión podrá "Investigar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vinculada con la Prevención y Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos, en los casos tales como: Blanqueo de Capitales, Evasión Fiscal, Planificación Fiscal Abusiva, Fraude Fiscal, Fraude de Inversiones, Fraude Informático, Utilización de instalaciones bancarias y corporativas extraterritoriales o jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes, para llevar a cabo objetivos delictivos por parte de los agentes económicos, entidades jurídicas, entidades financieras y organismos reguladores.". 

Contará para ello con amplias  facultades, tales como solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos objeto de investigación, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales, u ordenar la citación de testigos, funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales.

Se podrá discutir sobre la eficacia de las comisiones parlamentarias, pero no deja de ser interesante que se pongan estas cuestiones en el tapete discutiéndolas en el Congreso nacional, para exponer además la hipocresía de algunos, que ya se manifestó cuando se discutió el anterior proyecto de Vallejos y hablaban de que así "se espantan las inversiones" y cosas por el estilo. Porque estas regulaciones están presentes -que se cumplan o no es otra cosa- en los que esos mismos no vacilarían en calificar como países serios, y en las recomendaciones del G20 y el GAFI, por ejemplo.

Si el proyecto se aprueba y al mismo tiempo se opera el proceso de "des-offshorización" de la Argentina que comenzó con las nuevas normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobadas por Ricardo Nissen a poco de asumir en el organismo restringiendo la actividad en el país de las sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales, se podrá tener un mapa más claro de éste tipo de prácticas que permitan avanzar en regulaciones públicas más inteligentes y eficaces para impedirlas.