CARADURAS

 

"A menos que seamos nosotros a los que piden investigar, ahí corremos a los fiscales y sancionamos una ley para que sea la Legislatura la que los controle", agregaron: https://t.co/a4XrGkK2dK

— La Corriente K (@lacorrientek) December 18, 2020

Hay una lectura -interesada- del episodio Traferri en términos de pase de facturas dentro de la interna del PJ, de la cual la oposición provincial (el socialismo y la UCR, más que nada) sería ajena. De hecho, es la lectura que sostiene el propio Traferri, sin reparar en que de ese modo no hace más que confirmar -por ejemplo- los dichos de Marcelo Saín sobre el "bloque transversal de poder" que manejó la política en Santa Fe los últimos 12 años.

Recordemos que estamos hablando de una causa judicial por una red de juego clandestino, en una provincia que tuvo preso y condenado a un jefe de policía por vínculos con el narcotráfico, y un montón de otros jefes policiales con causas similares, o por enriquecimiento ilícito. Dicho esto colmo disgresión para entender el contexto: de lo que vamos a decir, todo lo vinculado al "narcosocialismo" queda afuera, esto es un plus, digamos.

Juego clandestino, decíamos: pues bien, en la provincia y -y en el país- el juego es una actividad prohibida, a menos que esté autorizada por el Estado: dice el artículo 301 Bis del Código Penal (el que aparece mencionado en los cruces telefónicos del senador con un capitalista del juego clandestino) "Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente...".

En  la provincia además el Código de Convivencia (ex Código de Faltas) reprime las apuestas prohibidas en sus artículos 94 y 95, para los organizadores uno y para los apostadores el otro. Los casinos y bingos están habilitados por la Ley 11998, y esa norma en su artículo 6 establece cuantos bingos y casinos pueden funcionar, y donde, en manos de concesionarios elegidos por licitación, a llevar adelante y adjudicar -en todos los casos- por la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe; que depende del Poder Ejecutivo provincial. No del Senado o la Legislatura.

¿A dónde vamos con ésto? A que así como es muy difícil explicar qué conversaba un senador con un "empresario del juego" para ver como "hacerlo ingresar al juego legal en la provincia", acá -como en todos lados- no puede existir juego clandestino (sean casinos, garitos, o lo que fuere) sin complicidades en la política, la policía y la justicia.

Lo de la justicia está tan claro que en la causa que afecta a Traferri ya hay presos dos fiscales (Serjal y Ponce Ashad) y está pendiente de resolverse la situación de uno o dos más. Lo de la policía no es necesario aclararlo, como tampoco es necesario decir quien manejó (o al menos tenía la responsabilidad de hacerlo) la fuerza de seguridad provincial en los últimos 12 años hasta diciembre pasado: el Frente Progresista Cívico y Social, o sea la alianza entre radicales, socialistas y socios menores.

Pues bien, la causa que está sacudiendo al sistema político provincial se inició en el Departamento General López, concretamente en Venado Tuerto y Melincué. Y tuvo ramificaciones en Rafaela, para luego estallar en Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. El senador por el Departamento General López es Lisandro Enrico, un facho notorio cultor de la "mano dura" que impulsó (y logró sancionar) en la Legislatura leyes para endurecer la prisión preventiva en el sistema procesal provincial, al que acusa de "garantista".

Sin embargo, en el caso Traferri, Enrico se volvió "garantista" de golpe y se negó a votar su desafuero a pedido de los fiscales que llevan la causa por juego clandestino, como todo el bloque de la UCR en el Senado santafesino (el socialismo no tiene senadores provinciales), basado en que todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contario. Los dos fiscales que están "en remojo" por sus vínculos con el juego clandestino, son de su Departamento.

Y en Rafaela cayó preso por ésta causa el ex "coordinador de seguridad" del Nodo en tiempos del socialismo, funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad. Así como también está investigado en la misma causa el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en manos del socialismo.

Los dos fiscales presos (Ponce Ashad y Serjal) fueron designados durante los gobiernos del socialismo, con pliegos remitidos a la Legislatura por Bonfatti en el primer caso y Lifschitz en el segundo, luego de los concursos llevados adelantes en un MPA que radicales y socialistas -no Saín, como pretende Traferri- manejan a piacere desde 2007. El abogado de Peiti (el "empresario" del juego clandestino investigado) fue asesor durante años de la Guardia Urbana Municipal de Rosario, en las gestiones del socialismo.

De modo que pretender que todo esto es simplemente un "ajuste de cuentas" de la interna del PJ, o un "carpetazo" de Saín y Perotti contra Traferri no resiste el menor análisis de los hechos: es un poquito más compleja la cosa, y hay más embarrados. Y definitivamente hay que ser muy caraduras para decir, muy sueltos de cuerpo, como los diputados socialistas en el comunicado al cual refiere el tuit de apertura, que "...es imperioso que todos los representantes de los poderes del Estado se pongan a disposición de la Justicia sin condicionamientos ni privilegios de ningún tipo...". 

Porque en octubre del 2017, cuando convergieron en la justicia causas que involucraban a Corral (la de las cooperativas truchas) y al gobierno de Lifschitz (más concretamente a su ministro de Seguridad Pullaro, por las horas OSPE y los concursos policiales), y pese a que no se hablaban hace un año, se juntaron y en un ratito pergeñaron la ley que la Legislatura votó en horas (con el inestimable concurso de los senadores del PJ conducidos por Traferri), para que sean los legisladores quienes controlen y sancionen a los fiscales del MPA. Antes, apartaron de las causas a los fiscales que los investigaban, y lograron que los suspendieran en sus cargos.

Apéndice final para aclarar los tantos: Como mucho periodismo "lanattista" local ya salió a comparar la situación de Traferri con la de Cristina en las causas judiciales que la involucran, precisemos que los fueros (o "garantías de funcionamiento" de los poderes legislativos) funcionan distinto en Santa Fe, que en la nación.  

Acá el artículo 51 de la Constitución provincial dice: "Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido." (las negritas son nuestras). O sea, los fiscales que investigan a Traferri para poder interrogarlo por los delitos que se le atribuyen (audiencia imputativa) y poder incluso procesarlo, necesitan su desafuero.

En la nación, en cambio, el artículo 1º de la Ley 25320 ("ley de fueros") dice lo siguiente: "Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida." (las negritas son otras vez nuestras).

Por esa razón a Cristina -con fueros y sin ellos- la investigaron todo lo que quisieron, la citaron varias veces a declaración indagatoria (algunas el mismo día), la procesaron y siguieron con algunas de las causas, hasta el juicio oral. Nunca estuvo en rebeldía, ni se negó a declarar. Los fueros -cuando los tuvo- no impidieron nada de eso, así que si van a comparar, muchachos, comparen cosas iguales. Y actitudes también.