El viernes de la semana pasada el estallido del "vacunagate" opacó infomativamente el lanzamiento del Consejo Económico Social por parte de Alberto Fernández, tarea al frente de la cual puso a Gustavo Béliz, el "monje negro" del gabinete que sale así a la luz. El lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 124/21 que crea el Consejo, reglamenta su integración y determina sus funciones y competencias: el texto completo y sus anexos acá.
Se integran en el cuerpo sindicatos, organizaciones empresarias y de la sociedad civil, personalidades a título individual y "expertos" varios, incluso extranjeros; cuya nominación se supone correrá por cuenta del Consejo o del propio Béliz, como coordinador del mismo. Hasta allí, nada demasiado inconveniente, como tampoco ajeno a la idea -instalada en el peronismo desde siempre- de la búsqueda de acuerdos en el marco de lo que podríamos denominar un "pacto social".
La tarea del Consejo se organiza en torno a cinco "Misiones País" (¿un dejo chavista o una concesión al Opus Dei?), dentro de las cuáles se proponen distintos temas como eje de discusión, con un plazo de 1000 días para que ésta se lleve a cabo y concluya en la formulación de propuestas. Como el fin del plazo coincide con el del fin del mandato de Alberto, uno podría decir que el Consejo está trabajando para el futuro...gobierno.
Dentro de lo declamativo de la idea -a la que le restará bastante por delante para concluir en algo concreto- se podría cuestionar la prioridad de los temas elegidos para el debate, o la marginación de otros; y se podría señalar también que tratándose simplemente de generar "títulos" sin contenido actual, no se puede cuestionar lo que aun no se sabe en que terminará. Sin embargo, se pueden plantear interrogantes al respecto, tanto como decir que se reconoce la pluma del "Secretario de Asuntos Estratégicos" en el diseño del temario del Consejo.
Así por ejemplo en la "Misión" titulada "Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria, se plantea como un eje "Lucha contra el hambre y la extrema pobreza como política federal de Estado. Armonización de programas de transferencias universales. Transformación de planes asistenciales en empleos.", y a continuación dentro del mismo eje, "Formación de precios de alimentos y de productos críticos para la calidad de vida. Transparencia de compras estatales y vinculación productiva con el universo cooperativo y de la economía popular."
Hay todo un tema allí, de los más urgentes de la coyuntura, y que no puede esperar 1000 días a que los "expertos" convocados aconsejen que hacer, y a que las partes involucradas (sobre todo las empresas formadoras de precios) hagan su contribución consensuada. Incluso se advierte un error en poner en el mismo plano el proceso de formación del precio de los alimentos, con la transparencia de las compras estatales: si Arroyo paga caros los fideos es un problema (rápidamente resuelto en la justicia, a diferencia de otros), pero si la señora los paga muy caros para su bolsillo en el almacén del barrio, es otro mucho peor.
En éste mismo eje y en la única referencia que se hace en todo el documento a las problemáticas de la salud, se plantea discutir sobre "Innovaciones tecnológicas para la justicia social sanitaria.". Si no hay acceso equitativo de todos los sectores de la población a la atención de la salud, no es precisamente por un problema de obsolecencia tecnológica: acaso discutir un nuevo modelo integral e integrado de salud (como planteó pública e infructuosamente Cristina) sea más de provecho.
El tercer eje es "Productividad con Cohesión Social.", y allí se propone debatir "Armonización y transparencia tributaria para la equidad. Mejoras en áreas críticas y de alto impacto en la administración y control impositivo." Sin desconocer la importancia de mejorar la administración tributaria y el cobro de impuestos, nos parece que es más relevante definir que impuestos se cobran, y quienes los pagan. Eso sin contar que la "armonización" hace recordar a la idea de los pactos fiscales de Cavallo, que proponían "eliminar impuestos distorsivos" como Ingresos Brutos -que cobran las provincias- sin tener en cuenta su peso en las finanzas provinciales, o sin compensarlos con sustitutos adecuados.
Luego sigue "Sistema Nacional de Defensa de la Competencia.", que pasa directo a "Estructura de costos de servicios públicos, inversiones estratégicas y protección al usuario y a la usuaria y consumidor y consumidora.". ¿Sólo hay que analizar la estructura de costos de los servicios públicos, no de otros sectores de la economía, bienes o servicios? Por otra parte, esa tarea -en cuanto concierne a los servicios que están privatizados- está encomendada ya por la ley de emergencia 27541, para dar marcha atrás con la dolarización de las tarifas de luz y gas que dispuso el macrismo. Nada se dice, en cambio, respecto a los casos de monopolio o abuso de posición dominante, que existen en todos los sectores de la economía (por ejemplo acero, aluminio, alimentos y medios de comunicación audiovisual. La AEA, bah).
Del ítem "Acceso al crédito, promoción y facilitación de inversiones y mercado local de capitales para el desarrollo. Finanzas inclusivas, verdes, solidarias y resilientes." no se puede inferir si está planteado discutir -por ejemplo- una reforma a la ley de entidades financieras que rige desde los tiempos de Videla y Martínez de Hoz; del mismo modo cuando se habla de "Nuevas formas de organización empresarial y relaciones laborales frente al cambio tecnológico.", cabe preguntarse si no se está abriendo la puerta para volver a plantear una reforma laboral.
En el eje "Ecología Integral y Desarrollo Sustentable.", luego del plausible objetivo de discutir sobre "Tierra, Techo y Trabajo: reordenamiento territorial y poblacional con prioridad en el mejoramiento de condiciones de vida e integración de barrios populares.", se pasa a "Conectividad física y digital: 4 y 5 G, internet para la inclusión, hidrovía, trenes, puertos y movilidad sustentable.". La hidrovía, por ejemplo, tiene otros tiempos de definición -la actual concesión vence en abril- y no pocas polémicas ha despertado el Decreto 949 analizado acá.
La última "Misión País" a cargo del Consejo lleva por título "Democracia Innovadora.", y su primer eje propone discutir sobre "Profesionalización estatal para la transformación social." La última vez que Béliz planteó desde la función pública la "profesionalización estatal" terminó en el Decreto 993/91 de Menem, que estableció el "Sistema Nacional de la Profesión Administrativa" que -lamentablemente- rige hasta hoy, y creó al interior de la Administración Pública una división de castas entre cargos VIP bien remunerados (no necesariamente otorgados a los más capaces), y una perrada con sueldos de miseria, en muchos casos bajo contratos basura o diferentes formas de precarización laboral.
El documento plantea discutir "Nuevas Escuelas frente a la revolución tecnológica exponencial: Judicial, de Gobierno y Diplomática.". Sin ánimo de bajarle el precio a la tecnología, la justicia (o el Poder Judicial, para ser más precisos), el gobierno o la diplomacia no tienen problemas tecnológicos. O al menos esos no son sus problemas principales. Hay como un cierto tufillo tecnocrático superficial en el modo de plantear las discusiones.
Luego sigue el eje "Integridad pública y privada. Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, nuevas modalidades de responsabilidad empresarial y Observatorio de Transparencia en la Obra Pública.". Otra vez: hay en el planteo de lo temas una mirada concesiva con ciertas lógicas imperantes en los medios y en el debate político actual. Como que la obra pública es sinónimo de corrupción, o que solo puede haberla allí, y mientras la política tiene una enorme lupa puesta sobre sí y está bajo sospecha permanente y a priori, los empresarios -que serían los corruptores- solo pueden asumir compromisos laxos de "responsabilidad social empresaria", sin mayores sanciones. El CIPPEC o "Poder Ciudadano" no lo podrían haber escrito mejor, de hecho es posible que sumaran letra.
Más preocupante es lo que se plantea en el apartado "Derechos humanos, justicia y seguridad". Allí, luego de insistir en la "tecnologización" de los problemas ("Policía Judicial, trazabilidad y digitalización de la justicia.", se plantea el eje temático "Ciberdefensa y ciberseguridad como nuevos desafíos geopolíticos estratégicos.". Así es como están planteadas esas cuestiones -confundiendo los límites entre defensa y seguridad interior- en los documentos del Departamento de Defensa y el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, cuando se habla de las "nuevas amenazas" que deben considerarse como hipótesis de conflicto para organizar la doctrina y funcionamiento de las fuerzas armadas del continente.
Y finalmente si es por pedir temas, nos hubiera gustado que el decreto planteara que el Consejo discuta -y proponga al gobierno- ideas o estrategias para atacar la desigualdad en la distribución del ingreso, el empleo en negro y la informalidad y precarización laboral, la financiación de la seguridad social, o el modelo de desarrollo productivo; temas todos que parecen ausentes.
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