SUBSIDIO POR DESEMPLEO

 

Es que los radicales ven la posibilidad de tener un cargo en el Estado y se olvidan de todo lo demás: https://t.co/I6PiFX1bOL

— La Corriente K (@lacorrientek) May 7, 2021

Finalmente la oposición designó a sus representantes en el ENACOM y en el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, es decir en los medios públicos. Entre los propuestos se encuentra José Corral, ex intendente de Santa Fe y candidato a gobernador por "Cambiemos" en las elecciones provinciales del 2019; y para las designaciones los radicales aceptaron dejar de lado sus pruritos a las sesiones remotas.

A Corral, como a tantos radicales, no se le conocen trabajos en la actividad privada -ni siquiera en la profesión- por fuera de los distintos cargos que ocupó en el Estado, incluso antes de ser funcionario municipal (en la gestión de Barletta) e intendente, en la UNL; una verdadera cueva de radicales, desde 1983.

Estas designaciones obedecen a un diseño que estaba en la mutilada ley de medios, como una concesión al "pluralismo", adoptando instituciones pensadas para países con otras tradiciones políticas, que no son las nuestras. Sin embargo, no es el único modo por que los radicales (especialmente afectos a ello) acceden a cargos en el Estado.

Varias veces hemos dicho acá que ese y no otro fue uno de los propósitos centrales de los caramelos que Alfonsín le canjeó a Menem en la reforma constitucional de 1994, a cambio de abrirle la posibilidad de la reelección: en ese marco deben leerse el tercer senador por la minoría (un refugio para candidatos radicales a gobernador perdidosos en sus provincias), el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación, incluso ésta controlada por la oposición.

Un partido que entonces se asumía como perdidoso en el orden nacional (y que solo retornaría al poder prometiendo hacer "convertibilidad con transparencia" en su Alianza con el Frepaso) se reaseguraba el financiamiento de sus actividades, por fuera de los aportes estatales, a través de los sueldos públicos garantidos para sus dirigentes y militantes.

Nada muy distinto de lo que la UCR hizo desde sus orígenes y a partir de 1916, ni de lo que hacen allí donde controlan estructuras en teoría "asépticas" desde lo político, como las universidades o la justicia: en éste caso hemos contado varias veces como acá en Santa Fe se "lotearon" cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el socialismo, también para cuidarse las espaldas.

Este verdadero "subsidio al desempleo" que tiene más de un siglo de vigencia no les ha impedido, sin embargo, pontificar contra el gasto público o la designación de militantes en el Estado o como funcionarios cuando gobierna el peronismo, o peor aún: reclamar políticas de ajuste, o implementarlas cuando gobiernan.

La cuestión entonces es no tomarlos demasiado en serio, en general, cuando la UCR se trata -básicamente- de una agencia de colocación, a la que quieren disfrazar de defensa de las instituciones y la república, y una especie de dispensadores de Normas ISSO de calidad en la materia.