LA FRASE

"ACABO DE HABLAR CON ADORNI PARA PREGUNTARLE SI POR CASUALIDAD EN EL PENDRIVE DONDE TENÍA LOS DÓLARES DE LAS CRIPTOMONEDAS NO LE HABÍAN QUEDADO LOS 4 BILLONES DE PESOS QUE NOS ESTÁN FALTANDO." (SANTIAGO BAUSILLI)

domingo, 26 de enero de 2020

VOLVIMOS


La estatización de los fondos de las ex AFJP por parte del gobierno de Cristina en 2008 (proyecto sugerido por Amado Boudou, por eso candidato a vice y hoy preso político) fue una de las decisiones estratégicas más importantes del kirchnerismo, en sus 12 años y medio de gobierno.

Le permitió no solo terminar con un sistema que era una estafa para los futuros jubilados y un gran negocio para los bancos, sino construir una herramienta para impulsar el desarrollo del país, financiando proyectos de inversión y crecimiento.

Y proyectos que a su vez permitían acrecentar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la "rueda de auxilio" financiero del sistema previsional, vulgarmente conocida por los medios como "la plata de los jubilados".

Según nos cuenta acá David Cufré en Página 12, el FGS tenía activos por 28.400 millones de dólares cuando el Estado los recibió de las AFP, y por 65.076 millones de dólares cuando Cristina dejó el gobierno: un aumento del 129,14 % en dólares, en apenas 7 años.

Esos activos, después de los cuatro desastrosos gobiernos de Macri, se vieron reducidos a 22.000 millones de dólares, lo que supone que perdieron las dos terceras partes de su valor, en moneda dura. Y eso fue posible gracias a las pésimas inversiones realizadas, algunas en condiciones francamente delictivas. Además de vaciarlo, el macrismo impulsó modificaciones en las normas que lo regían para poder desprenderse de las acciones que el FGS tiene en muchas de las principales empresas del país, propósito que no llegó a lograr porque cuando empezó a hacerlo, le llovieron las denuncias judiciales.

La recuperación del control de YPF expropiando el 51 % de su paquete accionario en el 2012 por Cristina en su segundo mandato, a instancias de Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires, tras un contundente triunfo sobre María Eugenia Vidal, la esperanza blanca del macrismo) fue quizás la otra decisión estratégica más importante del kirchnerismo, junto con la cancelación de la deuda con el FMI y los dos canjes de deuda, entre los gobiernos de Néstor y Cristina.

Mientras estas últimas quedaron en la nada por la política de endeudamiento serial para la fuga de capitales del macrismo (hoy le debemos solo al FMI unas seis veces la deuda que Néstor Kirchner pagó de contado), el Estado argentino sigue manejando YPF, por una decisión a la que el macrismo se opuso, cuando se tomó; como también se opusieron a la estatización de los fondos de las AFJP.

Recuperando YPF, el Estado recuperó una herramienta para el desarrollo nacional, que le permite liderar el esfuerzo por superar las necesidades energéticas del país, e influir en los precios internos del mercado de combustible, como se pudo comprobar hacer poco, cuando la petrolera detuvo un aumento por orden del presidente.

Y ahora, estas dos decisiones estratégicas se dan la mano: cuenta Cufré en la nota que YPF emitió dos ON (obligaciones negociables) en el mercado de capitales para financiar su plan de inversiones, y que el Fondo de ANSES suscribió una de ellas por 20 millones de dólares; asociándose así al esfuerzo inversor de la principal empresa del país, cuyo accionista mayoritario es el Estado.

También cuenta que Alejandro Vanoli (nuevo titular de ANSES, y ex funcionario del kirchnerismo en la CNV y el Banco Central) tiene pensado que el FGS invierta en los planes de desarrollo de INVAP (la sociedad estatal a través de la cual se desarrolló el programa ARSAT en tiempos del kirchnerismo, bajo el comando de Julio De Vido, otro preso político, acaso por eso), para volver a desplegar el programa Conectar Igualdad (ahora con telefonía celular con contenidos educativos), o permitir el acceso al posnet a todos los comercios del país que acepten la tarjeta alimentaria.

Durante los años kirchneristas, el Fondo de ANSES financió centrales termoeléctricas y nucleares, la expansión de los servicios de AYSSA y el programa PROCREAR, así como en sus inicios fondeó el lanzamiento de la asignación universal por hijo (AUH); tal como hoy financia a YPF.

Es decir, un Estado inteligente, que emplea con criterio todas las herramientas a su alcance, en el marco de un plan de desarrollo, y un modelo de país que nos contenga a todos, después de cuatro años de saqueo sistemático, y planes de negocios de la élite económica y social del país: volvimos, y se nota. 

sábado, 25 de enero de 2020

LAS MOSCAS BLANCAS DE LA POLÍTICA ARGENTINA


Por alguna extraña razón que desconocemos, el socialismo se autoatribuyó hace décadas la condición de impoluto en la política argentina, y siguen pensando que eso es una ley inmutable que todos debemos respetar, y que los pone a salvo de cualquier crítica que les pudiera tocar. Siempre dieron por sentado -y no admiten discusión al respecto- que eso de que "el que se mete en política, tira su honra a los perros", con ellos no corre.

Ojo: no son pocos los nuestros que implícitamente piensan lo mismo, y los tratan con guante de seda, no sea cosa que los tipos se enojen y vaya uno a saber que pasa. 

Solo por mencionar hechos de la historia reciente, recordemos el enojo con el "Cuervo" Larroque cuando habló de "narcosocialismo" en el Congreso tras el escándalo Tognoli, en los tiempos en los que el socalismo y sus lenguareces periodísticos decían que el ex jefe de policía era un preso político, y su encarcelamiento era parte de una maniobra del kirchnerismo para desestabilizar al gobierno de Bonfatti, e intervenir la provincia. Hoy se olvidaron, pero por entonces hacían un abrazo por semana a la Casa de Gobierno para evitarlo, y amenazaban con resistir.

Estas reflexiones vienen a propósito de esta nota de El Litoral en la que el diputado nacional Enrique Estévez, junto con el ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro (de la UCR lifschista) se muestran ofendidos por las declaraciones de Marcelo Saín que vincula a los gobiernos del Frente Progresista con el crimen organizado (en especial las bandas narcos), que creció de modo exponencial en Santa Fe mientras fueron gobierno.

Aprovechan de paso para meter cuña en el gobierno provincial, eligiéndole a Perotti los ministros con los que quieren hablar, y se ofenden como si fueran blancas palomas de la paz, agredidas unilateralmente; y como si hace apenas un mes no le hubieran rechazado al gobernador, sobre tablas y sin siquiera tratarla en comisiones, una ley de emergencia que abarcaba, entre otros aspectos, la seguridad. El propio Pullaro le bajó el pulgar, sin ponerse colorado, a la ley que intentaba resolver los estropicios de su gestión como ministro.

Ahora, semanas después, fue la propia realidad la que los dejó en off side y les sería muy difícil volver a rechazar un proyecto en esa línea, e incluso en materia económica: el propio Estévez votó en el Congreso la ley de emergencia nacional, y a menos que sigan pretendiendo que Santa Fe es una isla fuera del contexto general del país (como pretendieron por años, y la realidad desmintió rotundamente, van a tener que hacer piruetas dialécticas para explicar por qué no votarían acá algo similar. Ojo, pueden hacerlo, son expertos en el tema, démosle crédito.

Esta misma semana, por las redes sociales, reapareció el boca floja Galassi (ex ministro y ex diputado) a plantear que no le votaran la ley de emergencia a Perotti, porque era "darle superpoderes económicos a un gobernador que carga con el antecedente de haber malvendido el Banco Provincial". Más allá de que sigan detenidos en las chicanas de campaña, habría que recordarle a Galassi que, aunque quisiera, Perotti no podría privatizar nada y menos el banco, porque ya lo privatizaron ellos, de nuevo al Grupo Eskenazy, y por todo el mandato del actual gobernador.

Sin embargo, su exabrupto es demostrativo de al menos dos cuestiones: 1) están flojitos de argumentos para discutir lo que hay que discutir acá y ahora, que tiene que ver con las condiciones en las que dejaron la provincia cuando terminaron el gobierno, y 2) siguen pensando que pueden tirar cascotazos, sin recibir ninguno de vuelta. Si les gusta el durazno, se tienen que aguantar la pelusa, muchachos. Eso, sin contar que la ley propuesta no plantea "superpoderes" para privatizar nada, ni antes, ni ahora.

Dejando de lado los problemas de piel sensible del socialismo (que se solucionan con Nivea), y sus pretensiones de quedar siempre exentos de la crítica, la solución es muy sencilla: si Saín miente o exagera en cuanto a sus vínculos con la policía corrupta y por carácter transitivo, contra el crimen organizado amparado por ésta, votan la ley que le permitiría al gobernador y su ministro de Seguridad avanzar en la depuración de la fuerza, y listo.

Porque si no lo hacen, cualquiera sea la excusa que busquen (por ejemplo, estar ofendidos por un presunto destrato de Saín), no harán más que demostrar que el Ministro de Seguridad de Perotti tiene razón. Tuits relacionados:

AUNQUE SEA UNA OFICINA


Hace un mes más o menos hablábamos en esta entrada de la situación de los presos políticos del régimen macrista, que lo siguen siendo en el actual gobierno, y al par que reclamábamos que se hiciera algo al respecto, manifestábamos comprender las restricciones existentes para avanzar: al fin y al cabo, el presidente no tiene la suma del poder público. 

Simplemente planteábamos que la cuestión no se abordara desde la óptica de saldar viejas cuitas de la interna kirchnerista, ni de hacer ofrendas a la gobernabilidad, que nunca serían correspondidas. Algo así como el ofrecimiento unilateral de paz al Grupo Clarín que subyace en la comunicación pública de que no se insistirá con la ley de medios.

Por otro lado está la situación real y objetiva de los funcionarios macristas "atrincherados" en sus despachos que resisten el cambio de gobierno, y siguen actuando como si nada: veíamos acá el caso del titular de la UIF, que no solo sigue en funciones, sino que se da el lujo de tomar determinaciones importantes en nombre del Estado argentino, sin consultarlo con el gobierno. Si de gobernabilidad hablamos, no hay mayor aporte a ella que dar claras muestras de autoridad, conteste con la legitimidad de origen de un gobierno sostenido en el voto popular.

Todas estas reflexiones vienen a cuento del escándalo del caso Vicentín, en el que está implicado todo el directorio del Banco Nación en tiempos macristas, con González Fraga a la cabeza: el principal aportante de campaña de "Juntos Para El Cambio" obtuvo un crédito de más de 18.000 millones de pesos de un banco estatal (el más importante del país), en condiciones irregulares, y ahora todo indica que no lo piensa pagar, declarándose en default.

Un caso que se suma a otros que ya se conocieron en tiempos macristas, como la renegociación de los peajes de las rutas concesionadas a operadores privados, y tantísimos más que se podrían agregar a la lista.

Sería reduccionista limitar el análisis del macrismo a caracterizarlo como una asociación ilícita dedicada a hacer negocios con el Estado antes de que Macri fuera presidente, y desde adentro del Estado mientras lo fue. Fue antes que nada y por encima de todo, la puesta en acto del concepto del "país atendido por sus propios dueños", adunando el poder económico -que es permanente- al político -que es contingente y depende del humor electoral-, en beneficio de sus intereses de clase.

Sin embargo, hacer como que esa otra dimensión de la nefasta experiencia macrista (es decir, la rapiña de los fondos públicos, el armado de negocios millonarios con regulaciones estatales dirigidas, el esquema de blanqueo y fuga legalizados) no tuvo lugar, simplemente no sucedió, sería un enorme error político. Como bien decía en la semana Amado Boudou, se está hablando poco de Macri y lo que representó para el país, y eso no es buena señal.

No tanto porque se quiera insistir en la "pesada herencia recibida" para exculpar presuntas fallas u omisiones de la actual administratición, sino porque se puntualiza un hecho de insoslayable valor político: no podemos permitir que la nefasta experiencia de la derecha gobernando el país con el voto popular se repita en un futuro, no tanto por fallas nuestras, como por una amnesia social inducida por los medios (que son la oposición real) y consentida implícitamente por el actual gobierno.

Lo que nos trae al tema del "Ministerio de la Venganza", discutido en campaña y siempre presente hoy, en las redes sociales y en los medios: es tan cierto que "volver mejores" supone dedicar prioritariamente las energías del gobierno y los funcionarios a restaurar los enormes daños causados por el macrismo en la estructura social, económica y productiva del país; como que es inadmisible que la runfla gobernante hasta el 10 de diciembre salga indemne de su excursión de caza por el Estado, y lejos de hacer la más mínima autocrítica al respecto, sigan pontificando en público sobre como deben resolverse los problemas del país, que ellos mismos crearon, o contribuyeron a agravar.

Y si bien, como se dijo, Alberto Fernández es nada más (y nada menos) que el presidente de la nación, y no tiene la suma del poder público, debe dar muestras de usar con decisión todas las atribuciones de que dispone, para que aquellos que depredaron el patrimonio público (como González Fraga y todo el directorio del Banco Nación) mientras decían que estaban embanderados en una cruzada contra la corrupción kirchnerista las paguen, de ser posible de su propio bolsillo.

Eso supone denunciarlos ante la justicia, activar en serio el rol de la Oficina Anticorrupción (ahora que ha puesto al frente a alguien irreprochable como Félix Crous), ejecutar el crédito del Nación a Vicentín (apoderándose incluso de los activos, si fuera el caso), denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces y fiscales que miraron para otro lado en los negociados macristas o -peor aún- les dieron un bill de indemnidad, incluyendo si fuera el caso hasta los propios miembros de la Corte Suprema; que por ejemplo siguen durmiendo el fallo sobre el decreto de Macri que amplió el blanqueo votado por el Congreso, para favorecerse a sí mismo y a su familia.

Sin "lawfare", sin "doctrina Irurzun", sin "extinción de dominio", ni "ley del arrepentido",  ni ninguno de esos adefesios jurídicos creados por el macrismo para perseguir a sus adversarios políticos: simplemente con la ley en la mano, pero con firmeza y sin titubeos. Las pruebas sobran, y están a la vista; porque en su creencia de que con el triunfo del 2015 inauguraban una larga hegemonía política en el país, fueron dejando las pezuñas por todos lados. De lo contrario lo que no hagamos hoy, lo lamentaremos mañana. Tuit relacionado: 

viernes, 24 de enero de 2020

TWEETS POLÉMICOS

PARA VARIAR, CRISTINA LOS VIO VENIR


Sobre la reciente operación de canje de títulos de deuda nominados en pesos, leemos en Ambito: "...el pasado lunes 20 de enero el Ministerio de Economía llevó adelante un canje voluntario de títulos por aproximadamente $100.000 millones, en el que los inversores aceptaron entregar LECAPs reperfiladas a cambio de LEBADS con vencimientos a 240 y 335 días, respectivamente. Esta operatoria significó una disminución del stock de deuda de casi $2.000 millones, una baja en el rendimiento anual implícito de casi 20 puntos y una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación."

"En general, los diversos actores que forman parte del mercado consideraron como exitosa esta operación, teniendo en cuenta particularmente el punto de partida: un mercado de deuda en pesos dinamitado por la impericia de la gestión anterior. Sin embargo, la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) decidió tras este canje bajar la nota de las obligaciones en moneda doméstica de Argentina y ubicarlas en la categoría default selectivo (SD)." 

"La agencia argumenta que se trató de un canje en condiciones desfavorables (distressed exchange) ya que, si bien fue voluntario, los tenedores podrían haberse visto obligados a aceptar menos del monto original prometido ante el riesgo de que el emisor no cumpla con sus obligaciones contractuales. Una fundamentación que parece entrar más en el terreno de la psicología (¿se sintieron presionados los inversores?) y de la ontología (la intencionalidad del gobierno) que estar basada en hechos.".

El articulista repasa, por contraste, las opiniones de la misma calificadora durante el gobierno de Macri, y así por ejemplo descubre que "...en su comunicado del 4 de junio de 2018, cuando las inconsistencias de las políticas macroeconómicas de la gestión anterior ya se habían revelado evidentes y la crisis estaba en marcha, S&P mantuvo la calificación de B+ para la deuda de largo plazo y de B para la de corto afirmando que: “Consideramos que el gobierno actual logrará implementar con éxito las medidas de ajuste económico a un ritmo más rápido en medio de una mayor volatilidad del mercado global”. También pronosticaban para el mismo 2018, habiendo ya transcurrido prácticamente un semestre, una inflación del 28% y un crecimiento del 1.5%. El INDEC terminaría registrando posteriormente una suba del 47% del nivel de precios y una caída del producto del 2.5%."
Y señala con acierto: "Es aún más paradójico que una operación de administración de pasivos aceptada voluntariamente por los inversores que mejora indiscutiblemente la sostenibilidad de la deuda atente contra la evaluación del riesgo de repago que hace la calificadora. Por el contrario, un canje que hubiese ofrecido tasas de interés insostenibles, hubiese sido probablemente merecedor de una mejora en la percepción de cumplimiento según el criterio de S&P."

"A muchos les sorprenderá este desaguisado. Aunque, para quienes han seguido de cerca los debates en el campo de las finanzas internacionales que se suscitaron tras la crisis financiera global, esta conducta no es una novedad. Numerosos trabajos académicos han documentado el rol clave que tuvieron las agencias calificadoras de riesgo en la gestación de la crisis de las hipotecas subprime."

"Entre las lecciones aprendidas, emergió la necesidad de cambiar el marco regulatorio de las mismas, volviéndolo más estricto. A instancias del G20, el Finacial Stability Board (FSB) elaboró en 2010 una lista de principios orientados a reducir el grado en el que leyes, regulaciones y normas descansan en las calificaciones de las agencias de riesgo crediticio y a alentar que los diversos participantes lleven a cabo sus propias evaluaciones. Muchas de estas recomendaciones se tradujeron en cambios concretos en jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos. En nuestro país, estos principios fueron recogidos por la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 sancionada en el año 2012." (las negritas son nuestras)

Se está refiriendo a la ley del mercado de capitales sancionada durante el segundo mandato de Cristina y a instancias de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, cuyo artículo 57 dispone que " La Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad.", agregando en su segundo párrafo lo siguiente: "La Comisión Nacional de Valores podrá incluir dentro de este registro a las universidades públicas autorizadas a funcionar como tales, a los efectos de su actuación, fijando los requisitos que deberán acreditar considerando su naturaleza.". 

Incorporaba así la ley a las universidades nacionales (que expresan otra visión de la economía) a lo que hasta entonces era un coto de caza reservado a estas extensiones de los bancos y los fondos de inversión que son las calificadoras "estrella". De hecho, varias universidades obtuvieron su registro como calificadoras entre el 2012 (fecha de sanción de la ley) y el 2015, final del mandato de Cristina; que para variar, dio en el blanco una vez más, desnudando lo que representan estos chantas, y como operan.

Cosa que, por contrario imperio, no vio o no quiso el ex ministro Lacunza, cuando en octubre del año pasado dictó la Resolución 764, prorrogando por cuatro años (o sea, en la práctica, durante todo el mandato de Alberto Fernández) el contrato que vincula al Ministerio de Economía con S&P, en su filial argentina. Si nosotros fuéramos el ministro Guzmán (que recibió este contrato llovido del cielo), en éste caso ajusticiaríamos al mensajero, para que no nos siga mordiendo el monedero para -además- patearnos en contra.

jueves, 23 de enero de 2020

PADOÁN EL ACEITOSO


No es la primera vez que acá nos ocupamos del caso del grupo Vicentín, que está a punto de defoltear su deuda, siendo el mayor acreedor de todos, por lejos, el Banco Nación: hace algo más de un mes veíamos en ésta entrada como el tembladeral financiero del grupo generaba preocupación en la provincia y en sus nuevas autoridades, por el impacto que su caída podría tener en la economía regional.

Decíamos entonces que el caso presentaba todas las características de las habituales prácticas de rapiña del Estado y los recursos públicos, y aprovechamiento de los vínculos con el poder político, que han sido el modus operandi de los grandes grupos económicos en el país.

Vicentín y su CEO Alberto Padoán (presidente a su vez de la Bolsa de Comercio de Rosario) fueron de los principales aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri; y a cambio de esos favores obtuvieron otros: como cuenta esta nota de La Política Online a la cual corresponde la imagen de apertura, durante la gestión de Mauricio Macri obtuvo un préstamo del Banco Nación por 18.870 millones de pesos, en condiciones extremadamente irregulares.

Según se sabe ahora, el directorio encabezado por Javier González Fraga ignoró advertencias de funcionarios de carrera sobre el alto riesgo que implicaba el préstamo para el Banco, por las altamente comprometidas finanzas del deudor, y por el elevado monto del mismo, tanto comparado con el total de la cartera de créditos del Nación, como con el propio giro comercial y financiero de Vicentín.

Las advertencias, por supuesto, fueron desoídas, por razones obvias: Vicentín era un cliente VIP, porque había puesto guita en la campaña de Macri, y lo volvería a hacer. Una inversión ruinosa desde el punto de vista del resultado electoral, pero muy productiva analizada desde el ángulo de sus negocios empresariales.

El caso también demuestra por qué tanta insistencia del macrismo en blanquear la financiación empresaria a las campañas electorales, un terreno donde ellos tenían todas las de ganar. Pero pensemos cuanta tela habrá puesto Vicentín antes de la reforma a la ley de financiamiento, como para recibir tamaño favor que ahora compromete hasta la solvencia del Banco Nación, nada menos.

Y desde esa óptica (los vínculos oscuros de la política con el poder económico), recordemos que también el socialismo acá en Santa Fe favoreció a Vicentín con decisiones del poder público, que indudablemente son canje por apoyos financieros a sus campañas: en la entrada anterior mencionada veíamos como el grupo logró un esquema de financiamiento público con recursos provinciales de los viajes de sus ejecutivos en las aerolíneas low cost, y como la gestión socialista del Ente Administrador del Puerto de Rosario estuvo a punto de concederle a TPR (empresa controlada del Grupo Vicentín) la renovación de la concesión de la administración del puerto (que se vencía recién en 2032) por 25 años más, hasta el 2057.

Con eso en mente, pensemos cual hubiera sido la reacción de nuestros repúblicos y de los medios que les hacen coro (y les dan letra), si cualquiera de todas estas cosas pasaban en un gobierno peronista, sea en la nación o en la provincia: no les hubieran alcanzado las tapas de los diarios, para el tamaño de las letras del título catástrofe. De estas cuestiones (cuando afectan al antiperonismo, allí donde gobernó o gobierna) nunca se ocupan las Carrió o las Stolbizer, porque se sabe, la corrupción (y vaya si el uso dispendioso de fondos o bienes públicos lo es) es un fenómeno exclusivamente peronista. 

Tuit relacionado: 

POR LA VUELTA


Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 92 (completo acá), por el cual el gobierno modifica el Decreto 457/07 que estableció la paritaria nacional docente, y en su momento fue mutilado por Macri mediante el Decreto 52/18, comentado en ésta entrada.

En ese momento decíamos que el decreto de Macri se desentendía de las obligaciones que, en materia de educación, le impone la Ley 26206 de Educación Nacional, como por ejemplo contribuir al financiamiento del sistema educativo; desaparecía el Ministerio de Trabajo de la Nación cono autoridad encargada de garantizar el funcionamiento de la paritaria nacional docente, las obligaciones de las partes de negociar de buena fe y aportar información necesaria para la discusión, el piso mínimo salarial docente en todo el país se degradaba al vincularlo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil que el macrismo había decidido hibernar.

Sobre ese cuadro de situación y de acuerdo con los compromisos asumidos por el propio Alberto Fernández con los gremios docentes, el decreto tiene un claro sentido reparatorio: el Estado nacional vuelve a comprometerse con el sistema educativo, el decreto plantea como un eje central de la discusión de la paritaria docente la fijación de un piso salarial mínimo común en todo el país, y las provincias recuperan protagonismo en la discusión a través de la participación del Consejo Federal de Educación.

También resuelve las cuestiones de representatividad de los gremios docentes en la paritaria, que Macri había conflictuado al disponer que fuera un representante por cada gremio o central, sin importar la cantidad de afiliados que tuviera cada uno.

Claro que los cambios no serán exentos de tensiones, sobre todo al interior de la discusión salarial de cada provincia, con sus demás sectores de agentes públicos, pero cabe suponer que volviendo el esquema que funcionó durante los gobiernos de Néstor y Cristina, volverá también el apoyo financiero del gobierno nacional a aquellas provincias que no puedan solventar, con recursos propios, ese piso salarial mínimo que se fije.

Recordemos en tal sentido que Macri, al vaciar de contenido la paritaria nacional docente y finalmente colocarla en estado vegetativo, suprimió el programa de compensación salarial que existía a esos fines en el Ministerio de Educación, como derivado de la Ley 26075 de financiamiento educativo, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este decreto publicado ayer permite empezar a recorrer el camino inverso, y bienvenido sea.