Cuando se discutió hace poco en el Congreso la reforma de la Carta Orgánica del BCRA señalábamos acá que "seguramente los medios hegemónicos pondrán su atención en el asunto de la eliminación de las trabas legales para usar las reservas para el pago de los vencimiento de la deuda externa; volviendo así a un debate saldado hace un par de años en favor del kirchnerismo..."; pero que "el proyecto es más importante que eso, porque permitirá ponerle ponerle punto final a una zoncera digna de figurar en el "Manual" de Arturo Jauretche: la autonomía del Banco Central...".
También dijimos que, por medio del proyecto luego convertido en ley por el Congreso, se modificaban las funciones del BCRA ampliándolas más allá de la preservación del valor de la moneda, para vincularlas con los objetivos de política macroeconómica (crecimiento, empleo, inversión, crédito, distribución, demanda, ahorro); mientras se ampliaban sus facultades de regulaciones del sistema financiero.
Tal como da cuenta la nota de La Nación (que ni entonces ni ahora pudo anticipar la medida), el artículo 4 (no el 3 como dice el artículo) inciso b) de la Carta Orgánica del Central (después de la reforma de la ley 26.739) le permite "Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito"; que es lo que se hará, al obligar a los bancos más importantes de la plaza (los 20 que concentran la mayor cantidad de depósitos más los que actúan como agentes financieros de las provincias, captando su recaudación, como pasa en Santa Fe con el NBSF de Eskenazi) a prestar obligatoriamente a las empresas para proyectos de inversión, al menos el 5 % de su cartera de depósitos.
Y como también señala horrorizada la tribuna de doctrina, las condiciones de esos préstamos (sobre todo en lo que refiere a las tasas de interés) serán fijadas por el Directorio del Central en uso de las atribuciones que le confiere su Carta Orgánica reformada; concretamente el artículo 14 inciso r) que le permite "regular las condiciones del crédito en términos de riesgos, plazos, tasas de interés..." y "orientar su destino"; mientras el inciso w) (también incorporado por la reforma) le asigna como función "Establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales".
La iniciativa impulsada por Cristina contempla justamente que un porcentaje de los créditos que los bancos deberán prestar obligatoriamente a las empresas para inversión estén destinados a las Pyme; exactamente el 50 %, lo que implica la inyección de más de 7500 millones de pesos al sector (el total de la masa prestable sobrepasa los 15.300 millones, y puede crecer si crecen los depósitos), en tres años.
Es decir una medida fuertemente regulatoria de un sistema financiero que está sumamente líquido (sentado sobre una enorme masa de depósitos), y poco dispuesto a prestar si no es para el consumo y en condiciones de rentabilidad asegurada.
Medida que los bancos (pese a los fantasmas que echa a rodar La Nación sobre como afectará a sus patrimonios) pueden absorber perfectamente, porque han tenido utilidades extraordinarias todos éstos años; como se dijo en su momento acá, con datos revelados por el propio diario.
Es curioso que cuando son los bancos oficiales (como el Nación, o el BAPRO) los que prestan en condiciones más favorables que las generales del mercado a ciertos sectores económicos (por caso, los productores agropecuarios) estos mismos medios no se preocupen por su solvencia patrimonial, aunque es notorio que en muchos casos (sobre todo en el pasado) han tenido dificultades por el alto índice de morosidad.
Las tasas de interés serán un promedio de la Badlar y la que viene fijando para las mismas operatorias (préstamos a empresas para proyectos de inversión) el Banco Nación, que como decía ayer Cristina viene siendo (junto con el FGS que administra la ANSES) el principal actor del segmento de préstamos para inversión.
De más está decir que -como lo señala el mismo artículo reconstruyendo la reunión de los banqueros con Marcó Del Pont- que las condiciones que imponga el BCRA a la operatoria (tanto el porcentaje de su cartera que tienen que destinar a préstamos para inversión, como el que está destinado a las Pymes, o las tasas de interés y demás condiciones de los créditos) serán obligatorias para los bancos, y pasibles de sanción en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica; las que incluyen hasta la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de la entidad que no cumpla.
Una medida de "sintonía fina" para apuntalar y sostener la inversión y el crecimiento, en línea con los préstamos para vivienda del programa Procrear; y tomada en un contexto internacional en el que los gobiernos acuden al salvataje de los bancos con gigantescos paquetes de dinero público que podría destinarse a sostener economías que se derrumban; mientras resisten todo intento de regular a los mercados financieros que son los verdaderos causantes de la crisis que sacude a la economía mundial.
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