PREFIEREN DEPENDER DEL PODER EJECUTIVO

El jueves pasado finalizaba el período ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina, y como sucede todos los años, senadores y diputados sancionaron en bloque un montón de leyes que durmieron en las comisiones el resto del año.

Entre ellas, colaron un proyecto originado en el bloque de senadores del oficialista Frente Progresista que tuvo tratamiento express en la cámara de origen, y fue aprobado a tambor batiente en Diputados sin debate, ni exposición de motivos, ni justificación alguna, pese a que no era moco de pavo: modifica la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir del órgano encargado de la persecución de los delitos en la justicia provincial.

El cambio aprobado consistió en que ahora para sancionar, suspender o remover a un fiscal ya no lo hará un jury integrado por legisladores, los colegios de abogados y los funcionarios del propio MPA previo una auditoría realizada por éste, sino que directamente lo hará la Legislatura. Ni siquiera el bochornoso proyecto que presentaron en el Senado de la Nación Pichetto y Pinedo para recortarle atribuciones a Gils Carbó cuando aun estaba en funciones llegó a tanto, que significa lisa y llanamente terminar con la independencia del órgano.

Frente a la aprobación del proyecto, reaccionaron en bloque las autoridades del Ministerio Público, con el Fiscal General Baclini y los Fiscales Regionales al frente, y el colegio de fiscales después, y ya le están pidiendo a Lifschtiz que vete la ley. Mientras tanto, la Legislatura lleva adelante el proceso de juicio político contra el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia Jorge Barraguirre, ex Fiscal de Estado en el gobierno de Binner y asesor de Bonfatti, antes de llegar al cargo.

El procedimiento se inició ante la denuncia de una gran cantidad de defensores y fiscales del Poder Judicial por entorpecimiento e intromisión en sus funciones específicas, e intento de direccionar su trabajo en causas espinosas para el poder político provincial; como la que se sigue contra el ex director del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof, por defraudación a la administración pública.

Dichas así las cosas, pareciera que la protesta de los fiscales contra la nueva ley sancionada a las apuradas y entre gallos y medianoche debería ser apoyada, si no fuera porque esos mismos fiscales vienen -hace apenas días- de protagonizar el bochorno de separar a uno de sus colegas (el fiscal Apullán) de las causas que investigaba que comprometen al poder político santafesino: las horas extras y las compras de la Policía, los ascensos en los concursos policiales, los manejos irregulares de fondos públicos de la Municipalidad de Santa Fe a través de cooperativas de trabajo (los famosos “Corral paper´s) y el manejo de los subsidios que hace el Senado.

Justamente ésta última causa fue la que generó la inmediata solidaridad de los senadores (todos, oficialistas y opositores) con el ministro Pullaro, supuesta víctima de una operación en su contra “de sectores oscuros de la policía”. Y solidarios con ellos mismos, se pusieron a trabajar en un proyecto para poder sacarse de encima a los fiscales molestos, que andan hurgando que hacen con los millones de los subsidios; a menos que uno crea que lo hicieron para mejorar un sistema que nos vienen vendiendo hace 10 años como una joya, y un ejemplo a imitar en todo el país.

Los gestores del proyecto en el Senado son los mismos que, “Banelco” de los subsidios mediante, le garantizaron a los tres gobiernos del socialismo un tránsito ágil para sus proyectos en la Legislatura pese a estar siempre en minoría en la Cámara; y varios de ellos se van a ir de viaje a Estados Unidos con Lifschitz, a rosquear la posible reforma constitucional.

Al fiscal Apullán no solo lo corrieron de las causas que investigaba contra Pullaro, Corral, los senadores y la policía luego de una conversación entre el gobernador y el intendente; sino que le iniciaron tres investigaciones internas en el MPA, una a pedido del propio Corral, por haberse atrevido a allanar la Municipalidad por los manejos fraudulentos de fondos destinados a solventar su red de punteros políticos.

A cargo de las investigaciones está la auditora del MPA, que es ex funcionaria política de los gobiernos de Binner y Bonfatti (como la mayoría de los que ocupan cargos estratégicos en el MPA, incluyendo al hijo de Barletta); como para que escarmienten los demás fiscales, por si en el futuro se les ocurre hacer lo mismo.   

Y al Procurador Barraguirre lo defenderán seguramente radicales y socialistas en la Legislatura (la mayoría de ellos ni siquiera se tomó el trabajo de escuchar a los denunciantes), porque si se mandó a apretar fiscales para -por ejemplo- salvarlo a Vorobiof no fue por la suya, sino obedeciendo expresas y precisas instrucciones del poder político. Que por supuesto y sin ponerse colorado, lleva años cuestionando a “Justicia Legítima” y a Alejandra Gils Carbó, por su “militancia kirchnerista”.

Antes se había sacado el problema de encima diciendo que era incompetente para juzgar al Procurador la Corte, integrada por reutemanistas, usandizaguistas y “me rascoelombliguistas” varios; a la que Binner había prometido descabezar cuando llegó a la Casa Gris allá por el 2007, a imagen y semejanza de lo que hizo Néstor Kirchner con la Corte nacional. Hoy es parte del pacto de impunidad entre el Frente Progresista y buena parte de la oposición (en especial los senadores del PJ), y el Poder Judicial.

La esposa del presidente de la Corte durante años y que pronto volverá a serlo (Rafael Gutiérrez) y actual Defensora General de la provincia designada luego de que esta misma rosca político-judicial se sacara de encima a Gabriel Ganón porque les molestaba (por  ejemplo por denunciar las torturas de la policía santafesina), se queja de la ley sancionada "porque consagra la intromisión de la política en la justicia".

Puede parecer extraño que contemos estas cosas en un blog santafesino como si por acá no se conocieran en detalle, pero en realidad es así; porque el blindaje mediático no solo funcionar para proteger a Macri: Corral y Lifschitz (como antes Barletta, Binner o Bonfatti) también gozaron de sus beneficios.

Todo esto que reseñamos pasó en apenas unos meses de éste año, no en Groenlandia ni en un remoto país africano, o en una provincia del NEA o el NOA gobernada por el peronismo); sino acá, en la “invencible” provincia de Santa Fe de la boleta única y otras exquisiteces institucionales que hacen las delicias del CIPPEC, Poder Ciudadano, Transparencia Internacional y todas esas larvas autodenominadas ONG’s, que por supuesto de todo esto jamás dirán nada.

Y los fiscales saltan para defenderse de una ley horrible, en defensa de un sistema corrompido hasta los cimientos, del cual son partes y cómplices; que rechazan pasar a depender en los hechos de la Legislatura, porque prefieren seguir dependiendo -como hasta ahora- del Poder Ejecutivo.