EXPERTO EN QUIEBRAS

Totalmente exentos de toda sorpresa, leemos en La Política Online que el gobierno presiona a las autoridades del Banco Nación para que financie en su totalidad el fideicomiso recientemente creado para solventar los contratos firmados bajo el régimen de “participación pública privada” (PPP) para la explotación de los corredores viales con cobro de peaje.

Se trataría de un total de 1000 millones de dólares que debería aportar el Nación, frente a la negativa de los principales bancos privados como el HSBC a hacerlo -supuestamente- porque algunas de las empresas que forman los consorcios ganadores están complicadas en la causa de las fotocopias de los cuadernos. En realidad, tienen poca confianza en el retorno de la inversión, y mucho miedo al default de la deuda pública; dado que en definitivas es el Estado quien avala los contratos: no lo decimos nosotros, lo están diciendo acá los "expertos".

Cuando el gobierno modificó por enésima vez las reglas de juego de la licitación de los corredores bajo el sistema PPP, el aporte del Banco Nación al fideicomiso oscilaba entre los 200 y 300 millones de dólares, lo cual da una idea del completo fracaso del experimento, bajo las reglas con las que supuestamente fue concebido: promover la inversión privada en infraestructura, sin comprometer en lo inmediato recursos del Estado; más allá del endeudamiento en que éste incurría para el repago de las obras, que explotaban los privados, para su beneficio.

Como éste aspecto de la cuestión no cambió (de allí el interés de los ganadores de las licitaciones por ejecutar los contratos), queda claro que como fue advertido cuando la ley de los PPP se discutió en el Congreso, se trata de un auténtico desfalco al interés público; donde el Estado es el socio bobo que lleva todas las de perder: pone recursos (aun cuando en teoría estos debían conseguirlos los privados) incluso afectando específicamente impuestos a ese fin, cede beneficios y prerrogativas exorbitantes (hasta la misma jurisdicción de sus tribunales para dirimir eventuales litigios) a cambio de que los privados hagan obras que luego deberá pagar con deuda; mientras ellos le sacan provecho, por ejemplo percibiendo los peajes. Más noventoso no se consigue.

Pero como si todo eso fuera poco, la gestión Macri-Dietrich trata de comprometer el equilibrio financiero y la solvencia patrimonial del Banco Nación, al que por el presupuesto de éste año ya le sacaron 20.000 millones de pesos de sus utilidades para transferirlas al Tesoro, y lo mismo piensan hacer con el presupuesto 2019 que acaba de votar el Congreso, por otros 10.000 millones de pesos más; sumando así un importe equivalente a la mitad del patrimonio de la entidad, establecido por ley en 60.000 millones de pesos.

Precisamente eso es lo que están denunciando los empleados del propio banco, que señalan que el saqueo al Nación a través de ese aporte que le obligarían a hacer al fideicomiso PPP (al tipo de cambio de hoy, unos 37.000 millones de pesos, más del 60 % de su capital), en violación del artículo 25 de la Ley 21.799 (Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina), que dispone lo siguiente: "El Banco no podrá conceder créditos a la Nación, provincias o municipalidades ni a los organismos o reparticiones dependientes de ellas, salvo que cuenten con garantía especial de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que permita el efectivo reembolso automático del crédito. 

Dicha garantía podrá considerarse suplida cuando mediase por parte de los prestatarios la cesión de fondos de coparticipación federal o de otras fuentes públicas o privadas, siempre que permita el reembolso automático del crédito. Se exceptúan de esta prohibición a las empresas comerciales, industriales o de servicios del Estado nacional o de los Estados provinciales o municipalidades y a las empresas que pertenezcan total o parcialmente a cualquiera de esos Estados, que estén facultadas para contratar como personas de derecho privado, siempre que tengan patrimonio independiente, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y sus recursos sean suficientes para cumplir sus obligaciones con el Banco.". En este caso no se cumple con ninguno de los requisitos legales, y como la deuda sería del Tesoro, tampoco estamos en presencia de las excepciones previstas en la norma.  

Al mismo tiempo, se va concretando el relevo de los miembros del directorio del Nación (ayer se publicó en el Boletín Oficial la renuncia de una directora) para dar paso a gente que le responda a Dujovne; que seguramente debe avalar el saqueo: la posible privatización de la “joya de la abuela” creada por Carlos Pellegrini en 1891 figuraba cen los planes del FMI ya en los gobiernos de Menem y De La Rúa, y que mejor excusa que su quebranto patrimonial (producido ex profeso por el propio gobierno), para conseguir el objetivo.

Aun cuando no se llegue al mismo, el deterioro de su situación patrimonial y su paulatino vaciamiento agregarían otro baldón al currículum del radical González Fraga, en el que ya figuran la virtual quiebra del Banco Central en el gobierno de Menem, y haber fundido en la Argentina, una fábrica de dulce de leche. Claro que en éste caso las consecuencias serían mucho peores."