REVISEMOS

 

Tal como lo señala la imagen de apertura, ayer se conoció el DNU 1020, por el cual el gobierno prorroga por 90 días el congelamiento de las tarifas de gas y luz (en éste caso aplica a las distribuidoras del AMBA con concesiones nacionales), y da inicio al proceso de "revisión tarifaria integral" autorizado por la Ley de Emergencia 27541. (el DNU completo acá en el Boletín Oficial)

En los fundamentos del decreto se señala que el proceso de renegociación integral con las concesionarias de los servicios privatizados se vio suspendido por la pandemia, lo cual es hasta cierto punto discutible -las propias normas de la emergencia sanitaria fueron variando del ASPO al DISPO, en todo o parte del territorio nacional-, pero bueno: más vale tarde que nunca.

Hace unos meses atrás, cuando por primera se habló desde el gobierno de aumentar tarifas sin siquiera haber iniciado el proceso de revisión, decíamos acá: "En todo caso, lo que sí hay que recordar es que la Ley 27541 dispuso en su artículo 2 inciso b) que uno de los fines de las delegaciones de facultades que se le hacen al Poder Ejecutivo estaba en "b) Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva", y en artículo 5 (el que congeló las tarifas 180 días) señala claramente que se lo faculta a "...a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020." 

Es decir, el congelamiento de tarifas no era planteado como una medida transitoria, sino como el punto de partida para revisar todos los contratos con las generadoras, transportistas y distribuidoras de energía (lo que incluye a las petroleras, con sus precios del gas en boca de pozo), para revertir la dolarización de las tarifas del macrismo, que dejó millones de pobres energéticos. 

Por eso se habla de "sustentabilidad productiva" de las tarifas, y "reducción de la carga tarifaria real". Esos artículos de la ley plasmaron lo que dijeron en campaña el "Frente de Todos" y su candidato sobre las tarifas, y lo que planteó la oposición más dura al macrismo en el Congreso, cuando trató de retrotraer los aumentos de tarifas." (las negritas son nuestras).

Del análisis del DNU surge, que aun antes de comenzar el proceso de revisión tarifaria integral, podría haber -luego de marzo- aumentos de tarifas: "Dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados.", dice textualmente el artículo 3º.

Lo que nos lleva a preguntarnos como se puede evaluar la pertinencia de aumentos de tarifas, mientras no concluyó el proceso de revisión integral de los contratos, incluyendo no solo los costos de la prestación de los servicios, sino el comportamiento de cada una de las concesionarias en el cumplimiento de esos mismos contratos, y las inversiones comprometidas, ejecutadas o no, o las necesarias para sostener los servicios: para desvincular ambos aspectos de la ecuación (tarifas e inversiones) como si no estuvieran relacionados, nos bastó con la experiencia del macrismo; que perdió las elecciones, entre otras cosas por ese motivo.

También se supo que en breve se conocería el informe del ENACOM sobre los porcentajes de aumentos de tarifas autorizados para los prestadores de servicios de Internet, telefonía celular y cable, congelados por otro DNU presidencial. La pregunta en éste caso es la misma, con un matiz: ¿no están esas empresas entre las que mayores rentabilidades obtuvieron durante la pandemia, cual sería la razón de los aumentos, aun cuando sean menores a los que pretenden?

Y para concluir, donde no se revisó nada fue a la hora de renovarle -a propuesta del ministro de Transporte, el massista Meoni- a Aeropuertos Argentina 2000 (Grupo Eurnekián) la concesión de todos los aeropuertos del país -que se les vencía en 2028- hasta el 2038, porque mermaron sus ingresos por la pandemia. Basta leer el  enlace al Decreto 1009 que así lo dispone para advertir que los compromisos asumidos por la concesionaria en materia de inversiones para obtener tamaño beneficio son, como mínimo, difusos. Pensemos como hubiéramos reaccionado si una medida así era tomada por el macrismo.

Tuits relacionados:  

Hoy contamos con todos los instrumentos para hacer una revisión tarifaria que le devuelva a los argentinos la confianza de que cuando votan y se les dice que se va a hacer tal cosa, se va a hacer.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 9, 2020