La captura de pantalla de Ambito Financiero de hoy toma nota sobre otra medida inscripta en la "sintonía fina": el gobierno les pedirá información a las empresas en las que la ANSES tiene participación accionaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y la cosa molesta en círculos empresarios.
No puede ser de otro modo: al empresario argentino promedio -como decíamos acá- lo seduce la idea del Estado bobo, que pone plata en créditos o subsidios y no pregunta si se usa o no y en que; que se resigna a que hay nichos de evasión impositiva sobre los que no se puede avanzar, o sectores a los que es inútil y peligroso tratar de cobrarles impuestos.
Cuando desde la CGT se impulsaba el proyecto Recalde de participación de los trabajadores en las ganancias, lo que más molestaba (más incluso que tener que ceder parte de su rentabilidad) era que les daría acceso a la contabilidad y la información de las empresas, y mientras más ojos se metan allí, menos podrán mentir o esconder; aunque eso si: todos dirán después estar muy preocupados por la credibilidad de las estadísticas públicas, o indignados por la corrupción administrativa.
La estatización de los fondos de las ex AFJP fue una medida estratégica sin dudas, y uno de sus efectos más virtuosos fue justamente que le permitió al Estado acceder a posiciones directivas (no sin lucha, como en el caso de Siderar del Grupo Techint) en empresas importantes y dominantes en sus respectivos sectores, muchas de ellas estratégicas en la estructura productiva nacional.
Que las AFJP hayan invertido "la plata de los jubilados" en los tiempos que eso no le preocupaba a Ismael Bermúdez con otros criterios (buscando los sectores que eran rentables en los 90', haciendo jugar los entramados de negocios y alianzas corporativas para tomar sus decisiones) no quita que el Estado se hizo con esos activos, y está decidido (tanto como lo estuvo en su momento de liquidarles el curro) a usar su presencia allí con un sentido inteligente.
Hace un tiempo destacábamos acá justamente como esas tenencias accionarias le habían permitido al gobierno durante el año pasado y lo que va de éste limitar las transferencias de dividendos y utilidades al exterior de muchas empresas (quitándole presión al dólar), para garantizar que las inviertan en el país.
Ampliar ahora los alcances de la intervención estatal al pleno acceso a la información interna de las empresas (lo que involucra indagar sobre sus costos reales, estrategias de inversión, entre otros aspectos) es actuar de un modo oportuno y previsor, evitando lo que sucedió con la depredación de YPF por Repsol (paradojal: lo que allí se le criticaba al Estado era justamente la pasividad de su rol); y demuestra además que el decreto regulatorio de la actividad petrolera (que apunta a determinar costos de producción y comercialización, márgenes de rentabilidad, precios de referencia y volúmenes de venta en el país y el mercado externo) no fue una medida aislada o tomada al azar.
Los propios empresarios relevados por Ambito para la nota dan cuenta de eso, cuando por ejemplo relacionan el pedido de información con las recientes medidas tomadas por el Banco Central (a partir de la reforma de su Carta Orgánica) para impulsar a los bancos a prestar con sentido de apuntalar la inversión productiva, en especial de las Pyme.
Quien les dice, capaz que hasta las medidas están todas relacionadas entre sí (como el cepillado de las sociedades fantasma y el pedido a los bancos para que presenten sus planes de negocios hasta el 2014), y hasta tenemos un plan de gobierno che.
No hay comentarios:
Publicar un comentario