El diario de Víttori -el socio de Magnetto en AGL y en la impresión de las boletas de las elecciones del 24 de julio- suele publicar con frecuencias estudios y documentos emanados del IERAL, que es un instituto dependiente de la Fundación Mediterránea.
Aquí pueden ver uno referido a la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el que el diario se ve en la obligación de aclarar ese aspecto: que el IERAL depende de la Fundación Mediterránea, y que es la Fundación: cuando se conformó (en 1977) y quiénes la formaron; entre ellos Fulvio Pagani, el CEO de Arcor, la principal fabricante de alimentos del país y una de las más grandes empresas argentinas; con plantas e inversiones en el exterior.
Esos informes del IERAL (a los que El Litoral da amplia difusión) tienen otra característica en común: los economistas de la Fundación Mediterránea son -como diría Néstor Kirchner- paracaidistas húngaros aterrizados recién en el país; es decir se comportan como si fueran recién llegados a la Argentina, o si ellos no hubiesen pasado por la función pública, o sus ideas jamás se hubieran traducido en políticas de gobierno.
Llegados a este punto, es imprescindible recordar que la Fundación Mediterránea fue el "think tank" del cual surgiera nada menos que Domingo Cavallo, un hombre con gran trayectoria en el diseño de políticas sociales como todos recordamos. Diríamos que hubo que implementar políticas como la AUH -que ahora diseccionan los economistas del IERAL-, justamente para intentar reparar las consecuencias de esas políticas.
Y otra característica común de esos estudios es que todos tienen el cuchillo bajo el poncho: siempre aprovechan (bajo un manto de cientificismo y análisis objetivo) para meter de contrabando algún reclamo concreto -aunque disfrazado- de los factores del poder económico de la Argentina.
Si están analizando la evolución de la produccion agropecuaria, aprovecharán para colar el reclamo por la eliminación de las retenciones, como una consecuencia lógica e ineludible del planteo que se viene haciendo. Si de lo que se trata es de analizar las dificultades de las familias para acceder a la vivienda, la oportunidad será propicia (como de hecho a sucedido), para reivindicar la privatización de los fondos jubilatorios y el invento de las AFJP diseñado por Cavallo; y plantear que eliminarlos fue un error.
Y el estudio sobre el imacto de la AUH no es la excepción: en varias oportunidades alude al impacto de la medida en el mercado del trabajo.
"Reducir los efectos indeseados en el mercado de trabajo" dice el informe, y agrega el diario que "los investigadores advierten distorsiones en el mercado laboral" como consecuencia de la asignación universal. También dicen que hay "planes de empleo que otorgan incentivos inadecuados (como el ‘Argentina Trabaja’”.
Traducimos: como consecuencia del beneficio, en muchos lugares del país se ha sustraído mano de obra infantil (prohibida por las leyes, trabajando en condiciones de servilidad y explotación) pagada vilmente, porque los chicos perciben la AUH y empezaron a asistir a la escuela. Esto es particularmente perceptible en la producción agropecuaria; fundamentalmente en la actividad frutihortícola.
Aparece así una queja que bien podrían suscribir Llambías o Biolcatti, o los bodegueros mendocinos, pero dicha en tono académico, con suavidad y casi como para que no se note; porque la AUH opera en esos sectores (refractarios a toda forma de legislación laboral protectiva) como el verdadero salario mínimo, vital y móvil.
La queja planteada en el documento se resuelve muy sencillamente: se elevan los salarios formales de los diferentes sectores económicos y se respeta la legislación que prohíbe o restringe el trabajo de menores, y ambas cosas pueden convivir perfectamente: la AUH y el empleo formal y digno.
Más aun: con el paso del tiempo y la perseverancia en esa política, la AUH desaparecería porque no tendría razón de ser.
Adviértanse además dos reflexiones que -a modo de propuesta- traduce el documento: "Condicionar la transferencia a los resultados de la escolaridad más que a la asistencia" y "suspender la transferencia (por al menos seis meses) si los padres del beneficiario no acceden a un empleo formal durante cinco años consecutivos".
Es decir que justamente cuando el incentivo es más necesario (porque subsiste una situación de desempleo estructural, y cualquiera que entienda de educación sabe como influyen las condiciones sociales y familiares en los rendimientos escolares), desaparecería.
Otro ejemplo renovado de las políticas sociales a lo Cavallo.
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