PRIVILEGIOS

 

La decisión de los conjueces de la llamada causa Brusa de la que da cuenta la noticia de Rosario 12 demuestra lo difícil que sigue siendo avanzar en el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos producidas durante la dictadura.

Nadie puede negar la importancia de los avances conseguidos desde el 2003 para acá para saldar la deuda histórica con lo más horroroso de nuestro pasado: la derogación de las leyes de la impunidad, el avance de los juicios, la condena a una gran cantidad de genocidas, la finalización de causas emblemáticas como la de la ESMA, o los hechos ocurridos en el norte bajo la jurisdicción de Menéndez y Bussi.

Pero también es cierto que cada avance (posible por la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, acompañados desde el 2003 por la decisión política del gobierno nacional) va encontrando nuevos obstáculos a su paso, como consecuencia de la anuencia o complicidad de muchos; que en no pocos casos tienen su propio pasado oscuro de colaboración con la dictadura que ocultar.

Hechos como el sucedido con los privilegios concedidos a Brusa y los demás condenados demuestran hasta que punto los genocidas no están sólos, y están dispuestos ellos, sus cómplices y favorecedores, a explotar todos los vericuetos del sistema legal (de acuerdo o no con el espíritu de las normas, poco importa) para eludir la responsabilidad que les cabe por sus propios hechos; o para minimizar las consecuencias que de ellas se derivan, y fueron determinadas con contundencia por la justicia.

Ellos, que ejecutaron políticas de terror desde el aparato estatal sin ningún tipo de apego a la ley, y vulneraron todos los derechos de sus víctimas, apelan a todas las garantías constitucionales (las mismas que desconocieron) cuando de salvar su cuero se trata: estirando los procesos con todo tipo de chicanas legales, interponiendo cuanto recurso tengan a su alcance para que las sentencias no queden firmes o -como en este caso- buscando el modo de evacir la cárcel común a la que se hicieron largamente acreedores.

Se resisten a perder la impunidad de la que gozaron durante décadas, pero no podrían hacerlo sin decisivos apoyos con los que cuentan en el aparato judicial, uno de los lugares en que más se resisten a desaparecer los bolsones de complicidad con la dictadura.

Es de esperar que la Cámara de Casación ponga fin a esta inaceptable decisión, que implica además -como lo dice la nota- admitir en la práctica que la dura condena que merecieron Brusa y sus secuaces en diciembre del 2009, fue cumplida en su mitad.